La Protección Patrimonial de las personas con discapacidad.

Con ocasión dell Año internacional de la Discapacidad, se promulga la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad., donde se recoge la figura de los Patrimonios Protegidos de las personas con discapacidad.

Hasta ese momento , el concepto de minusválía no estaba recogido en la legislación civil . Tampoco ayudaba el ámbito de la fiscalidad, donde El IRPF y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones  gravaban inexorablemente cualquier transmisión patrimonial ello pese a la amplia variedad de de exenciones, reducciones y deducciones . De cualquier modo no se preveía en nuestra legislación las bases para la construcción de un futuro financiero autónomo del discapacitado.

El Patrimonio Protegido
El patrimonio protegido es un conjunto de bienes y derechos, constituido a favor del discapacitado, cuyo destino esencial es la satisfacción de sus necesidades vitales.
Un concepto que en principio parece muy amplio y cuya definición suscitara no pocas controversias, especialmente en via judicial.

El discapacitado podrá por tanto ser titular de un patrimonio ordinario y además ser titular de un patrimonio protegido, con una serie de beneficios que establece la nueva ley. Los beneficios o ventajas son no solo para el discapacitado sino también para aquellos que aporten activos al Patrimonio Protegido de éste.

Ha de quedar claro que dicho patrimonio no esta protegido en modo alguno íntegramente frente a terceros, frente a las deudas o la responsabilidad patrimonial del discapacitado.

La Creación y funcionamiento de un Patrimonio Protegido.

Beneficiarios: Los beneficiarios han de ser discapacitados con una minusvalía intelectual igual o superior al 33%, o bien física o sensorial superior al 65%. Constitución: Se debera indicar el inventario de los bienes y las reglas para su administración.

Constituyentes: Lo puede constituir el propio discapacitado, si tiene capacidad de obrar suficiente, sus padres, tutores, curadores o cuidadores de hecho. Puede instar su constitución ante estos cualquier persona con interés legitimo, y ante la negativa de estos hacerlo ante el Ministerio Fiscal.

Aportaciones: Además de los autorizados a constituir el patrimonio protegido, cualquier persona con interés legítimo puede aportar bienes al patrimonio protegido.

Administración: Si tiene capacidad de obrar suficiente lo puede administrar el propio discapacitado, en su defecto habría que estar al administrador que se nombre en el acta de constitución. El constituyente puede establecer las reglas de supervisión y fiscalización de la administración del patrimonio que considere oportunas.

Protocolización: Dicha acta de constitución, así como todas las aportaciones de bienes y derechos, deben constar en escritura pública o en resolución judicial. Cuando la administración del patrimonio protegido no corresponde ni al propio beneficiario ni a sus padres, tutores o curadores, la representación legal que el administrador ostenta sobre el beneficiario del patrimonio para todos los actos relativos a éste debe de hacerse constar en el Registro Civil. Se prevé que en el Registro de la Propiedad conste la condición de un bien o derecho real inscrito como integrante de un patrimonio protegido.

Supervisión: la supervisión institucional del patrimonio protegido corresponde al Ministerio Fiscal. Mediante una supervisión permanente y general a través de información periódica que envía el administrador y mediante supervisión esporádica y concreta,cuando las circunstancias concurrentes lo hicieran preciso, solicitando del juez la adopción de cualquier medida que se estime pertinente en beneficio de la persona con discapacidad. El Ministerio Fiscal puede actuar tanto de oficio como a solicitud de cualquier persona, y será oído en todas las actuaciones judiciales que afecten al patrimonio protegido, aunque no sean instadas por él. Por otro lado, la ley crea la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, cuya función básica es ser un órgano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las demás que reglamentariamente pudieran atribuírsele.

Modificaciones al Código Civil y LEC:

La ley establece disposiciones que a su vez generan modificaciones en el Codigo Civil y en la Ley de enjuiciamiento Civil, entre las que cabria destacar  el caso de la regulación de la autotutela, es decir, la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsión de su propia futura incapacitación, lo cual puede ser especialmente importante en el caso de enfermedades degenerativas.  Ademas se legitima al presunto incapaz a promover su propia incapacidad, modificándose, por tanto, el artículo 757.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Se introducen distintas modificaciones del derecho de sucesiones referentes a la indignidad sucesoria por no prestación de alimentos, el permitir que el testador pueda gravar con una sustitución fideicomisaria la legítima estricta, pero sólo cuando ello beneficiare a un hijo o descendiente judicialmente incapacitado, el trato favorable a las donaciones o legados de un derecho de habitación realizados a favor de las personas con discapacidad que sean legitimarias y convivan con el donante o testador en la vivienda habitual objeto del derecho de habitación, y otras que inciden en la protección patrimonial indirecta de las personas con discapacidad.

Es de destacar la modificación del Código civil al establecer una regulación sucinta pero suficiente de los alimentos convencionales, es decir, de la obligación alimenticia surgida del pacto y no de la ley.

Las ventajas fiscales de un Patrimonio Protegido

Las ventajas fiscales recogidas en esta Ley suponen modificaciones en la normativa tributaria. Hemos de citar algunas de ellas:

  • Exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que será aplicable a las aportaciones a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.
  • Cuando los aportantes sean personas físicas, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo hasta el importe de 8.000 euros anuales por cada aportante y 24.250 euros anuales en conjunto, quedando exentas las cantidades que no superen el doble del SMI.
  • En el importe en que se superen esos 8.000/24.500 euros, se tributa por Donaciones.
  • Cuando los aportantes son sociedades que contribuyen a favor de discapacitados familiares de sus empleados, se considerará siempre rendimiento de trabajo sujetos a IRPF.
  • Los parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, el cónyuge o tutor tienen una reducción en la base imponible del I.R.P.F. de hasta 8.000 euros anuales. Entre todos tiene un límite de 24.500 euros. Las sociedades pueden deducirse un 10% de lo aportado en el Impuesto de Sociedades.

Efectos en la Protección Patrimonial 

La ley establece un marco interesante para la protección patrimonial no solo de la persona actualmente discapacitada sino de aquellos que en prevision de una futura discapacidad deseen acogerse a esta figura (el caso de procesos de enfermedades degenerativas o que afecten a la cognición) .

Dada la libertad que establece la ley para fijar las reglas de administración del patrimonio protegido, podemos incluir elementos importantes  en la gestión patrimonial futura. Es especialmente interesante el poder limitar el perfil de riesgo o complejidad de la cartera de activos financieros estableciendo por tanto limitaciones a  la contratación de determinados tipos de activos financieros por parte del administrador como pueden ser los calificados por MIFID como complejos, los productos de alto riesgo, u otros que por tipología no queramos que formen parte a futuro del patrimonio protegido. Pensemos igualmente en tipologías de activos como fondos de inversion, acciones cotizadas, no cotizadas, donde podríamos establecer cautelas sobre su tenencia y compra o venta. Destacamos igualmente el caso de regular en forma y contenido la posibilidad de conceder mandatos de asesoramiento financiero a EAFIs o entidades financieras de Banca Privada u otras. Así no se  deja pues a criterio del futuro administrador la contratación de productos financieros fiandonos de sus conocimientos, sino limitando su contratación en aras del interés del patrimonio protegido. También se podrían establecer cautelas y limitaciones en cuanto a los inmuebles en rentabilidad actuales o futuros, estableciendo limitaciones en su tipología o en las TIR asumibles para el caso de nuevas inversiones.

La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad , en definitiva, nos abre un instrumento de protección patrimonial adicional para la situación real o contingente de la discapacidad y que debe ser integrado junto con otros de orden familiar, sucesorio, financiero, inmobiliario, corporativo y de seguros,  dentro de la estrategia de protección patrimonial que fijemos en cada caso. 

Jose Mª Alcañiz March, Abogado

Wealth Secur SL

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