Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid sobre cláusulas suelo

Captura de pantalla 2016-02-04 18.57.40      Alberto Álvarez Cañas (Abogado)

Acabamos de conocer que el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid ha publicado su esperada sentencia sobre cláusulas suelo. La Sentencia, de 7 de abril de 2016 (ver aquí), es consecuencia de una macrodemanda interpuesta por ADICAE y por varios consumidores en 2010 contra más de cuarenta entidades bancarias.

En ella se declara la nulidad de las diferentes cláusulas suelo utilizadas por estas entidades en sus préstamos hipotecarios. Dicha nulidad está basada en la falta de transparencia, en línea con el criterio fijado por el Tribunal Supremo en relación con esta materia (v.gr. SSTS de 9 de mayo de 2013, 24 de marzo de 2015 y 23 de diciembre de 2015).

En consecuencia, todas las cláusulas cuya redacción coincida con la indicada en la propia Sentencia o sean esencialmente iguales, son declaradas abusivas por falta de transparencia y, en consecuencia, nulas.

Se descarta la nulidad por falta de reciprocidad, es decir, por desequilibrio entre suelo y techo ya que, como viene indicando el Tribunal Supremo, la cláusula suelo afecta al precio del contrato y no puede ser objeto de control por falta de reciprocidad con base en el art. 4.2 de la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que establece que “la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que han de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.”

La Sentencia también coincide con el Tribunal Supremo en declarar que no se devolverán cantidades pagadas de más por aplicación de la cláusula suelo antes del 9 de mayo de 2013. Se trata de la polémica falta de retroactividad absoluta, doctrina que actualmente está siendo revisada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como consecuencia de las  cuestiones prejudiciales planteadas ante él por diferentes Juzgados españoles. El próximo 26 de abril se celebrará la vista oral y se espera que el TJUE dicte sentencia en las semanas siguientes.

Recordemos que el Tribunal Supremo ha decidido no aplicar el principio de retroactividad derivado del art. 1303 del Código Civil en casos de nulidad amparándose, fundamentalmente, en los graves trastornos que para el orden público económico supondría el tener que devolver todas las cantidades cobradas de más en virtud de la cláusula suelo. En el caso de la Sentencia del Juzgado Mercantil nº 11 se llega a decir que este riesgo es más evidente incluso en los supuestos planteados ante el Tribunal Supremo  “habida cuenta el número de entidades bancarias afectadas“.

Una cuestión que genera dudas en relación con la Sentencia es que, a pesar de que declara en su fallo con carácter general la nulidad de las cláusulas suelo por falta de transparencia, establece en su fundamento de derecho 12.4 que este principio debe ser matizado en ciertos casos, según lo solicitado por las entidades bancarias.  Son los siguientes:

a) contratantes que por su especial cualificación o experiencia (abogados, especialistas en finanzas, empleados de banca, promotores inmobiliarios, etc…) conozcan o tengan la posibilidad de conocer con sencillez el alcance y efectos de la cláusula suelo.

b) titulares de subrogaciones de prestatarios en préstamos promotor con cláusula suelo preexistente, y de subrogaciones de la entidad en préstamos hipotecarios suscritos por otras entidades financieras con consumidores con cláusula suelo preexistente.

c) préstamos suscritos a partir del año 2009, momento en el que la utilización de las cláusulas suelo estaba completamente extendida en el mercado hipotecario y habían creado un enorme debate social, siendo un hecho público y notorio su conocimiento por parte de los consumidores.

En estos casos, el Juzgado considera que la cuestión debe analizarse individualmente:

“En este sentido, se ha de señalar que, para realizarla habrían de examinarse circunstancias particulares de adherentes determinados (los calificados como adherentes especialmente cualificados por las entidades bancarias) o las concretas circunstancias que rodearon la celebración de los contratos (en el caso de las subrogaciones, novaciones y los préstamos suscritos a partir de 2009) para determinar si la inclusión de la cláusula en los contratos suscritos con respecto a esos concretos adherentes frustró o no las expectativas de los adherentes y, en definitiva, examinar si la entidad bancaria tenía o no un deber reforzado de transparencia. En definitiva, sería preciso realizar una valoración individualizada sobre la transparencia de las cláusulas suelo incorporadas a los contratos suscritos con dichos colectivos incompatible con el control abstracto inherente a las acciones colectivas objeto de presente procedimiento.”

Esto puede ser una nueva fuente de litigiosidad si la entidad no está de acuerdo en eliminar la cláusula suelo.

Es más que probable que la Sentencia sea apelada por alguna de las entidades condenadas, lo cual retrasará el cumplimiento, incuso aunque se solicite la ejecución provisional, salvo que exista un cumplimiento voluntario. Además, antes de iniciar ahora una acción legal individual contra la entidad en cuestión, parece prudente esperar a ver cuál es el pronunciamiento del TJUE sobre la cuestión de la retroactividad, aunque nada impide que se pueda pedir al banco que cumpla la sentencia y nos devuelva el dinero pagado de más.

En último término, hay que decir que la Sentencia no anula todas las cláusulas suelo, sino simplemente las contenidas en ella (o esencialmente idénticas) y que las cláusulas suelo siguen siendo válidas en la medida que cumplan con el criterio de transparencia. En este sentido, recordemos que el art. 25 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, establece que  en el caso de préstamos en que se hubieran establecido límites a la variación del tipo de interés, como cláusulas suelo o techo, se debe recoger en un anexo a la Ficha de Información Personalizada, el tipo de interés mínimo y máximo a aplicar y la cuota de amortización máxima y mínima.

Además, el art. 6 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, exige que en los préstamo hipotecarios suscritos con un prestatario persona física, en los que la hipoteca recaiga sobre una vivienda o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por construir se incluya en la escritura pública se incluya, junto a la firma del cliente, una expresión manuscrita, en los términos establecidos por el Banco de España, en la que el prestatario manifieste que ha sido adecuadamente advertido de los posibles riesgos derivados del contrato y, en concreto, de las limitaciones a la variabilidad del tipo de interés, del tipo de las cláusulas suelo y techo, en los cuales el límite de variabilidad a la baja sea inferior al límite de variabilidad al alza.

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