Wealth Secur, accredited by Euronext to provide listing sponsoring services

10/25/2018 – MADRID. Wealth Secur, a legal-financial firm founded in 1996, (www.wsecur.com), has been accredited as a listing sponsor by Euronext to offer such services to companies willing to be listed in that market. EURONEXT is the European alternative stock market that groups the Paris, Brussels and Lisbon stock exchanges. (www.euronext.com).

Obtaining liquidity is currently an essential priority to guarantee business growth. Small and medium cap companies can find new mechanisms in the Euronext market to obtain liquidity and ensure its growth. In this context Wealth Secur has been accredited by Euronext to provide Listing Sponsor services. The accreditation obtained by Wealth Secur empowers him to be the main advisor of companies in his listing process on the Euronext markets as well as to be the main contact with this market in their life as a listed companies.

José Mª Alcañiz March, CEO of Wealth Secur, commented: “We are very proud to have been accredited as listing sponsor by Euronext, to offer our services to Spanish companies willing to be listed soon in that European market. Our team has a long experience on capital markets, in all regulatory and operational aspects. This accreditation demonstrates the consideration of the quality of our services by Euronext. ”

Companies willing to be listed on Euronext can benefit from Wealth Secur experience and the advantages of being present in that European market. The main objective of Wealth Secur as a listing sponsor is to guide companies in their Euronext listing process, joining them in consolidating their presence on this markets, improve their liquidity and ultimately support their growth.

Get to know Wealth Secur’s services as listing sponsor of Euronext in:

Wealth Secur Euronext Listing Sponsor 2018 ENG

 

Wealth Secur, acreditado por Euronext para prestar servicios de listing sponsor

bolsa

25/10/2018 – MADRID. Wealth Secur,  despacho jurídico-financiero fundado en 1996, (www.wsecur.com), ha sido acreditado como listing sponsor por Euronext para ofrecer dichos servicios a empresas españolas que deseen cotizar en ese mercado. EURONEXT es el mercado alternativo bursátil europeo que agrupa las bolsas de Paris, Bruselas, y Lisboa. (www.euronext.com).

La obtención de liquidez es actualmente una prioridad imprescindible para garantizar la operatividad y el crecimiento empresarial. Las empresas españolas pueden encontrar nuevos mecanismos en el mercado Euronext para obtener liquidez y asegurar su crecimiento. En este contexto Wealth Secur ha sido acreditada por Euronext para proporcionar servicios de Listing Sponsor. La acreditación obtenida por Wealth Secur le faculta para ser el asesor principal de las empresas en su salida a los mercados Euronext así como a ser el contacto principal con dicho mercado en su vida de cotizadas.

José Mª Alcañiz March, CEO de Wealth Secur, comentó: “Estamos muy orgullosos de haber sido acreditados como listing sponsor por Euronext, para ofrecer nuestros servicios a empresas españolas que deseen debutar próximamente en ese mercado europeo. “ Nuestro equipo tiene una larga trayectoria profesional en los mercados de capitales en sus vertientes regulatoria y operativa. Esta acreditación demuestra la consideración de la calidad de nuestros servicios por parte de Euronext”.

Las empresas que deseen cotizar en Euronext pueden beneficiarse de la experiencia de Wealth Secur y de las ventajas de estar presentes en ese mercado Europeo. El principal objetivo de Wealth Secur como listing sponsor es guiar a las empresas en su proceso de salida a mercado Euronext, acompañarles en consolidar su presencia en el mismo, mejorar su liquidez y en definitiva apoyar su crecimiento.

Conozca los servicios de Wealth Secur como listing sponsor de Euronext en:

Wealth Secur Euronext Listing Sponsor 2018

HACIA UNA CULTURA ORGANIZACIONAL DE ÉXITO EN LAS PYMEs FAMILIARES

“Las PYMES familiares adolecen generalmente de problemas organizacionales que provienen de su doble condición. Por un lado, sus características de empresas de reducida o media dimensión, unidas a su lógica ausencia de liderazgo cuantitativo, hacen que aporten, asuman, exporten o importen valores culturales y patrones de comportamiento dependiendo del grado de ósmosis que mantengan con el entorno.”.

MDV

 

Por Mariano del Valle Carrasquilla, Economista

Mariano del Valle es Socio de Wealth Secur, experto en gestión empresarial, fiscalidad, Corporate Finance, procesos de M&A, creación de estructuras holding, valoración de empresas y due dili
gence en las áreas económica, financiera y tributaria.

 

1.- CULTURA ORGANIZACIONAL PREDOMINANTE EN ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO.-

Las PYMES familiares adolecen generalmente de problemas organizacionales que provienen de su doble condición. Por un lado, sus características de empresas de reducida o media dimensión, unidas a su lógica ausencia de liderazgo cuantitativo, hacen que aporten, asuman, exporten o importen valores culturales y patrones de comportamiento dependiendo del grado de ósmosis que mantengan con el entorno.

Suele tratarse de empresas creadas y gestionadas “a imagen y semejanza” del empresario, por lo que conllevan defectos y virtudes paralelos a los personales de aquél. La intuición del empresario es generalmente el elemento sobre el que giran las decisiones empresariales en todas las áreas operativas, con diferentes grados de permeabilidad con respecto a influencias exteriores e innovaciones en los sistemas de gestión.

El grupo de las empresas familiares conforma una categoría no excluyente respecto a las PYMEs y microempresas (la mayoría de ellas comparte pertenencia a ambas clasificaciones). Pero las compañías familiares generan una casuística propia, con independencia de su tamaño. Es más, la tendencia a generar determinados problemas asociados a sus peculiaridades se pone de manifiesto, en numerosas ocasiones, en forma directamente proporcional a su volumen.

La empresa familiar se enfrenta en su andadura a una serie de retos específicos, entre ellos:

  • Planificar la sucesión.
  • Gestión del cambio ante un entorno versátil.
  • En ocasiones, debates sobre el liderazgo.
  • Profesionalización de la organización.
  • Creación de Órganos de Gobierno efectivos.
  • Interferencias entre la dinámica de la propia familia y la correspondiente a la empresa.
  • Resulta especialmente sensible en la empresa familiar la distinción entre gobierno y dirección. En este sentido, una de las distinciones más relevantes que hay que considerar desde la óptica de la propiedad es concienciar a todos los propietarios de las diferencias que existen entre lo que significa gobernar y lo que significa dirigir la empresa. Todos los propietarios podrían, dentro de determinados parámetros, sentirse vinculados en el Gobierno; es decir, en las decisiones estratégicas de la empresa que se adoptan en los Órganos de Gobierno marcando sus directrices. La dirección significa la implementación de la estrategia establecida en los Órganos de Gobierno. Las personas responsables de la Dirección deben responder, con independencia del vínculo de sangre o no, a la capacitación profesional.
  • En función del avance generacional, el vinculo familiar varía: fundador, fundador-hijos, hijos-primos, primos-primos segundos, etc. La primera generación se corresponde con la etapa del fundador o fundadores, la segunda con la sociedad de hermanos y la tercera con la sociedad de primos. El tránsito más dificultoso suele ser el de la segunda generación (hermanos) a la tercera (primos), donde normalmente los miembros de la familia dejan de ocupar los puestos de dirección para pasar a los de gobierno y se amplía de manera significativa el número de accionistas. Normalmente, la mayoría de los propietarios no trabajarán en la compañía familiar. En este sentido, cobra vital importancia instrumentar un sistema de información transparente y eficaz.
  • En la empresa familiar, es vital cuidar la interacción entre los valores familiares y la cultura empresarial. Este nexo constituye un “amplificador” que, bien conducido, puede multiplicar las sinergias; pero, mal gestionado, puede trasladar a la empresa problemas (amplificados) del ámbito familiar.

En este tipo de empresas, la gestión de los RR.HH. es especialmente complicada, debido, entre otros factores, a la tendencia (natural, aunque ilógica desde la ortodoxia de las técnicas de gestión empresarial) a que los lazos familiares supongan un criterio de selección de mayor calado que los procedimientos basados en la capacidad de los candidatos. Estimamos que es éste uno de los principales factores que determinan que un elevado porcentaje de empresas familiares fracase ante el desembarco de la tercera generación familiar de gestores.

Por otra parte, los nombramientos de cargos ejecutivos y/o de componentes de órganos de administración entre los miembros de la familia, a menudo suscitan recelos y problemas que frecuentemente, lejos de limarse, se acentúan precisamente por motivo de los lazos familiares.

Lógicamente, existen numerosos casos de empresas familiares de éxito, que han sabido soslayar este tipo de problemas. En todo caso, el panorama arriba descrito puede y debe salvarse; y, en las empresas familiares donde no se den las circunstancias antedichas, debe introducirse una serie de medidas de carácter preventivo, que se señalarán más adelante.

2.- TÉCNICA DE CAMBIO HACIA UNA CULTURA ORGANIZACIONAL DE ÉXITO.-

 Si bien existen casos muy meritorios de empresarios “hechos a sí mismos” que saben gestionar de forma muy adecuada sus RR.HH., conviene siempre que el gestor empresarial se adiestre en técnicas que le ayuden a motivar, facilitar formación e implementar una comunicación interna óptima en sus RR.HH.

Las empresas familiares que han sabido crecer con éxito y que desean perpetuar su estrategia ganadora, generalmente adoptan una serie de medidas de cambio, de entre las que destacamos las siguientes:

  • Separar el factor propiedad del factor gestión. Este aspecto es de gran importancia, pues la confusión de ambos en un error “per se” y una fuente de problemas. Si bien es cierto que ambos factores pueden coincidir en una misma persona, deben entenderse como elementos diferenciados a la hora de encarar dos roles que no son coincidentes en sus requisitos de capacitación.
  • Establecer una serie de protocolos estatutarios tendentes a cribar la entrada de familiares en los órganos de administración (por ejemplo, exigencia de un mínimo de experiencia en labores concretas de gestión empresarial).

Un Protocolo Familiar es un documento que recoge “las reglas del juego” del sistema empresa-familia-propiedad. Siempre será recomendable que un profesional externo conduzca el proceso, pues es la mejor forma de garantizar un mínimo de neutralidad y una apuesta acertada por el beneficio colectivo que no atienda a intereses individuales. Una guía para el índice de contenidos debería agrupar al menos estos cinco grandes temas:

  • Patrimonio y Fiscalidad.
  • Órganos de Gobierno y Poder.
  • Trabajo y Dirección de la Empresa.
  • Sucesión y Formación.
  • Cultura y Valores.
  • Para el caso (relativamente frecuente) de agrupaciones multi-empresa, analizar la conveniencia de formulación de sociedades “holding” que integren un debido protocolo de empresa familiar. Estas estructuras pueden cumplir, entre otros (y aparte de las ventajas fiscales y financieras derivadas de la legislación en vigor), los siguientes objetivos:

A/ Potenciación de la planificación estratégica de la agrupación de empresas, y posibilidad de establecimiento de sistemas, staffs y directrices de ámbito común. De esta ventaja pueden derivarse importantes sinergias y opciones de mejora en aspectos como:

  • División estratégica en la que pueda establecerse, por ejemplo, una segmentación marketing según unidades estatégicas de negocio, compatible con una estructura organizativa matricial.
  • Incremento de las posibilidades de establecimiento de objetivos estratégicos del grupo, así como de planes de control y evaluación de las estrategias, gestionados desde órganos comunes.
  • Mejoras en los sistemas de control de gestión (establecimiento de unidades de costes no necesariamente coincidentes con la división societaria, instauración de cuadro de mando común, planificación presupuestaria general, etc.).

B/ Posibilidad de agrupar el poder de decisión de una forma más razonable que la derivada de una situación de diferentes proporciones de participación en las empresas individuales. De esta forma, pueden evitarse situaciones en las que un grupo de accionistas con participación consolidada mayoritaria de una compañía concreta, pero con significación marginal dentro del conjunto mercantil, pueda obstaculizar decisiones estratégicas de interés común.

C/ Posibilidad de establecimiento de directrices generales de estructura globales para el grupo. De esta forma, resultará más sencillo perpetuar en todas las compañías una cultura organizacional concreta.

D/ Fijación de las condiciones que deberán cumplir las nuevas generaciones en su acceso a los órganos de gobierno y a las funciones directivas de las empresas.

E/ Defensa, mediante mecanismos fijados en los estatutos, frente a posibles ingresos a dichos órganos de personas no deseadas.

En todo caso, toda empresa que desee mantener una cultura organizacional de éxito, debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes particulares:

  • La capacidad de adaptación al cambio, sea cual fuere el escenario que haga necesaria la variación, debe fundamentarse en la capacidad de los RR.HH. para implementarlo.
  • Los RR.HH. de la empresa son el principal factor de diferenciación estratégica. Ya se trate de una empresa con un sistema de producción intensivo en capital o intensivo en factor trabajo, la formación, la flexibilidad, la integración y la “calidad en la fuente” asociadas a los RR.HH. supondrán un elemento estratégico que constituirá un activo propiedad de la empresa, en mucha mayor medida que los activos cuya propiedad depende sólo de la capacidad financiera para adquirirlos.
  • No es posible gestionar la calidad sin gestionar adecuadamente los RR.HH. La cultura organizacional debe ser un adecuado caldo de cultivo para el desarrollo de una atención constante a la calidad global por parte de los RR.HH.
  • El organigrama de la empresa debe reunir una serie de características básicas:
  • Adaptarse a la cadena de mando
  • No generar vacíos de decisión.
  • Difusión del mismo entre los RR.HH. implicados.
  • Las directrices generales de estructura y los manuales y protocolos de procedimientos no deben constituir una “imposición” sin más; deben integrarse en la cultura organizacional, de forma que cumplan los siguientes objetivos:
  • Integrarse en un flujo de información claro y eficaz.
  • No provocar desfases entre los objetivos funcionales y el grado de formación continua facilitada por la empresa.
  • Definir la cadena de sustituciones en los centros de decisión.
  • Integración de la gestión de los RR.HH. en todo sistema de seguimiento de la calidad.

Como elemento esencial de la estrategia global de la empresa, la política de RR.HH. debe ser objeto de constante atención por parte de la alta dirección de la compañía. Por lo tanto, dentro de la auditoría de la Dirección de RR.HH, debe analizarse el grado de compromiso y atención de los máximos responsables de la empresa con respecto al área.

3.- BREVE EPÍLOGO.-

Escribió un sabio tratadista que el arte de dirigir una empresa consiste en “dirigir con las personas”, en lugar de en “dirigir a las personas”.

La frase encierra, a través de muy pocas palabras, muchos conceptos y recomendaciones; y puede encontrar en la empresa familiar un adecuado entorno, más humano que en otro tipo de organizaciones, donde germinar.

De entre los pensamientos que nos suscita este aforismo, señalaremos los siguientes:

  • Los integrantes del capital humano de la empresa son, en cierto sentido, co-gestores de la misma. Sin ellos, es imposible dirigir un negocio.
  • Los RR.HH. son portadores exclusivos de los principales factores de diferenciación estratégica que necesita la empresa para competir en el mercado.
  • Una persona es infinitamente más complicada que una máquina. Y, lo que es más importante, está revestida de una dignidad que nunca poseerá algo inanimado. Por lo tanto, dirigir adecuadamente los RR.HH. requiere de unas dotes tan especiales (paciencia, respetuosa firmeza, ejemplaridad, empatía, implicación, …) que casi (y tal vez sobre el “casi”) encajan en la categoría de los valores.

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión actuarial independiente de primas de pólizas de seguros

 

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Por Miguel Gutiérrez Herrero, Actuario.  

Director de Servicios Actuariales de Wealth Secur Audit.

 

“La prima es el costo del seguro o aportación económica que ha de pagar un asegurado o contratante a una compañía aseguradora por la transferencia del riesgo bajo las coberturas que esta última ofrece a sus clientes durante un determinado período de tiempo”. 

¿Ha realizado Vd. una revisión actuarial independiente de las primas que está pagando por las pólizas de seguro que tiene contratadas Vd. o su empresa?

¿Sabe que en ocasiones sus pólizas están pagando una sobre prima que no se corresponde con sus riesgos ?

Desde Wealth Secur Audit ponemos a su disposición nuestro Servicio Actuarial Independiente de revisión las primas de sus pólizas de seguros.

1. Componentes de la Prima que el asegurador debe considerar en su cálculo:
Prima pura: es el valor actuarial del riesgo asumido por el asegurador para cubrir posibles contingencias cubiertas por las coberturas de la póliza.
Recargos a la prima: son los incrementos que se adhieren a la prima pura debido a la existencia de riesgos adicionales que incrementan las posibilidades de que se produzcan los riesgos cubiertos en la póliza
El coste de los gastos de administración necesarios para desarrollar la actividad (sueldo de personal, gastos de oficina), es decir, los gastos de gestión interna. Una vez sumados estos gastos la prima resultante se le conoce como Prima de inventario.
El coste de hacer llegar el producto a los consumidores. Se trataría de los gastos de la actividad comercial, incluidos los gastos de gestión externa (comisiones de agentes o corredores de seguros). Tras estos gastos la prima se convierte en la Prima bruta o comercial o de tarifa.
Prima final: finalmente habría que incluir los tributos legalmente repercutibles al asegurado.

2.Tipos de prima: 

Según el método de cálculo de la prima se podría diferenciar entre 2 tipos de primas:

• Prima natural: se calcula anualmente en función de los riesgos a cubrir por la aseguradora.
• Prima nivelada: es aquella que permanece invariable durante la vigencia total estimada del seguro.

Esta distinción se usa principalmente en los seguros individuales (vida y decesos), ya que estos seguros se calculan en base a la edad y esperanza de vida del asegurado.

Según el método de pago de la prima  se hace distinción en los siguientes tipos de primas:

• Prima única: es aquella en la que el pago de la misma se realiza de una sola vez.
• Prima fraccionada: hay casos en los que la prima se puede fraccionar en varios pagos según lo acordado entre el asegurado y la aseguradora. Sin embargo la prima final suele verse incrementada según el fraccionamiento elegido.

3. La Tarificación de la Prima

El artículo 25.3 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, se refiere a las tarifas de primas en los siguientes términos:

Las tarifas de primas deberán ser suficientes, según hipótesis actuariales razonables, para permitir a la entidad aseguradora satisfacer el conjunto de las obligaciones derivadas de los contratos de seguros y, en particular, constituir las provisiones técnicas adecuadas. Asimismo, responderán al régimen de libertad de competencia en el mercado de seguros sin que, a estos efectos, tenga el carácter de práctica restrictiva de la competencia la utilización de tarifas de primas de riesgo basadas en estadísticas comunes.

Conforme a lo anterior, la Ley al referirse al importe de las primas únicamente regula el importe mínimo, al establecer el principio de suficiencia de la prima; es decir, que las tarifas de primas a aplicar por las entidades aseguradoras han de ser suficientes, de tal modo que permitan a la entidad satisfacer el conjunto de las obligaciones derivadas de los contratos de seguro. Ello, sin duda, constituye una garantía de solvencia, necesaria para el ejercicio de la actividad aseguradora en aras del futuro cumplimiento de las obligaciones contraídas.

Conviene precisar además que las tarifas de primas no están sujetas a autorización administrativa ni deben ser objeto de remisión sistemática a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y ello con independencia de que este organismo pueda requerir a las entidades aseguradoras la presentación de las tarifas de primas aplicadas, con el fin de comprobar si respetan las disposiciones técnicas y sobre contrato de seguro. En consecuencia, y en virtud del principio de libertad de competencia, no puede incidirse por parte de la Administración en la cuantía de las primas, siempre que las mismas se adecuen a lo previsto en la normativa reguladora a que anteriormente se ha hecho referencia.

4. Formalidades para el aumento de la prima de un seguro

el aumento de la prima de un seguro requiere una serie de formalidades que deben ser cumplidas por la entidad aseguradora en caso de aumentar el precio del seguro.

Conforme al artículo 1 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro: la prima es un elemento esencial del contrato. Por ello, cualquier modificación de la misma constituye una modificación contractual conforme al artículo 1.203.1 del Código Civil, cuya validez requiere el concurso de la voluntad de ambos contratantes, con arreglo al artículo 1.262 del Código Civil.

Por su parte, el artículo 5 de la Ley de Contrato de Seguro, establece que: el contrato de seguro y sus modificaciones o adiciones deberán ser formalizados por escrito.

Por consiguiente, la modificación del precio del seguro, siendo éste un elemento esencial del contrato, tendrá lugar a partir del momento en que las partes estén de acuerdo en que tal modificación se produzca y la formalización por escrito en la propia póliza o en documento complementario tiene una función probatoria de tal acuerdo.

En relación al aumento de la prima, pueden darse dos supuestos diferentes:

– La modificación de la prima está prevista en el contrato, determinando su importe o, al menos, los medios automáticos para su cálculo. En estos casos se está ejecutando el mismo, y por tanto no requiere una nueva aceptación del tomador puesto que prestó su consentimiento al suscribir el seguro inicialmente.

– La modificación de primas no está prevista. En este caso debe ser aceptada por el tomador del seguro en virtud a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Contrato de Seguro. En el supuesto de que el aumento de prima se produzca para el nuevo periodo de cobertura, la entidad aseguradora deberá comunicar al tomador del seguro el incremento con dos meses de antelación a la finalización del contrato (plazo previsto en el artículo 22 de la Ley de Contrato de Seguro para la prórroga del contrato). En caso de que el asegurado no acepte la subida de la prima, la entidad podrá negarse a prorrogar el contrato para el siguiente periodo de cobertura.

Si no se respeta el plazo de dos meses, la subida de primas no podrá aplicarse sin el consentimiento del tomador, y por tanto la entidad deberá respetar la prima del periodo anterior.

Hasta el vencimiento del periodo en curso, la compañía no podrá rescindir el contrato ante un eventual rechazo del aumento de prima no previsto en el contrato, por parte del tomador.

5. La Revisión por parte de un actuario independiente de las pólizas de seguros

El Estatuto Profesional aprobado por Decreto del Ministerio de Hacienda 1216/1960, de 23 de junio, B.O.E. de 5 de julio de 1960, en su art. 5º dice:

“Corresponde al Actuario de Seguros la actuación, en exclusiva, en todas las cuestiones de técnica matemática y económica de las Instituciones de Seguros, Ahorro y Capitalización, y, como título de rango facultativo, autoriza a quienes lo poseen para ejercer los cargos de alta de dirección de las Empresas de Seguros, Ahorro y Capitalización; el asesoramiento, la peritación y el desempeño de cargos en los que se requiere el uso de sus conocimientos específicos en las materias de estadística matemática, teoría económica de las Empresas de Seguros, dirección y técnica contable y estimación cuantitativa de operaciones financieras”.

No solo la prima a pagar es importante en las pólizas de seguros sino que el estudio de los riesgos asociados es fundamental para conocer si las coberturas de los seguros contratados son suficientes, son superiores o son inferiores.

La utilización de un actuario de seguros independiente para la revisión de las pólizas de seguros implica no solo la búsqueda de la prima más barata, sino también la revisión de las bases técnicas utilizadas y de los cálculos actuariales efectuados las compañías aseguradoras para el cálculo de la prima del seguro. Adicionalmente se produce una gestión del riesgo más eficiente durante la contratación de las pólizas.

Desde Wealth Secur Audit ponemos a su disposición nuestro servicio actuarial independiente de revisión las primas de sus pólizas de seguros a los efectos de detectar posibles situaciones de sobre prima y asesorarle en su negociación con la compañía de seguros a los efectos de un correcto recálculo y modificación de condiciones, redundando en un menor coste para vd. y para su empresa.

 

 

Corporate Criminal Liability in Spain: Corporate Crime Prevention Programs

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“All corporate entities operating in Spain including subsidiaries of multinational companies need an adequate program to prevent, detect and correct all those risky actions that could result in the criminal prosecution/conviction of a corporate entity.”

By José Mª Alcañiz March

Wealth Secur Lawyers Managing Partner

  1. Summary of the regulation.

An effective and appropriate corporate defense program can avoid criminal responsibility if the corporate entity can prove proper control over the actions of its directors, managers and employees.

The regulation lists the minimum requirements of a corporate criminal compliance program, which include a criminal risk analysis, a whistleblowing channel and a disciplinary system in case of infringement of a program’s preventive measures.

The requirements may vary depending on the specific structure of the individual entity. For small legal entities, the governing body may directly assume the supervision functions. For the purposes of the SCC small legal entities are those, which are authorized to submit an abbreviated income statement.

The SCC refers to “legal entities” but it does not refer to corporate groups or branches, nor does it address the situation of the subsidiaries of multinational companies, which already have compliance programs.

A criminal risk prevention program specifically focused on anti-corruption issues which is already implemented abroad by a multinational company may be a good starting point, but it will not be enough as it has to fulfill and be adapted to the specific Spanish legal requirements.

In view of the criminal offenses that may affect the Spanish legal entity, conducting a risk analysis of the business activity in Spain is unavoidable. The importance of the “risk map” and the preventive policies for criminal risk is the starting point for every criminal compliance system.

The assessment must focus on actions that may constitute some of the key corporate offences implying criminal liability, but it can be extended to other offences, where defective prevention could lead to the direct criminal liability of directors or other managers.

We have identified at least 38 criminal offences for which corporate entities may be directly liable together with some more that can be committed within the company. If a company commits any of such criminal offences, the possible consequences range from a fine to, in the most serious cases, a ban on receiving public subsidies, public funds or entering into contracts with the public administrations, judicial intervention or EVEN WINDING-UP AND LIQUIDATION.

circulos penales

Companies may mitigate or completely eliminate their exposure to criminal liability if, when they have detected a criminal offence, they collaborate in seeking evidence or take steps to repair the damage caused. Companies are also encouraged to implement adequate measures to prevent criminal offences from being committed and to detect any that may be committed in the future.

In order to avert offences, companies are encouraged to establish a clear organizational culture, to have a clear knowledge of the risks linked to their directors, managers and employees at all levels and explain the conducts that the company will not tolerate.

If there is evidence that the company has implemented the monitoring and supervision mechanisms necessary to prevent directors, managers and employees, from committing offences, those mechanisms will help the company to avoid or minimize its exposure to criminal liability.

  1. General rule on criminal liability of legal entities

According to article 31 bis. 1 of the SCC legal entities shall be criminally liable:

  1. a) For offences committed in the name and on behalf thereof, and for their direct or indirect benefit, by their legal representatives or by those who, acting individually or as members of a body of the legal entity, are authorized to make decisions in the name of the legal entity or hold organizational and management powers within it.
  2. b) For offences committed in the pursuit of corporate activities, on behalf and for the direct or indirect benefit thereof, by those who, being subject to the authority of the natural persons referred to in the above paragraph, have been able to perform such acts because of a serious breach by the former of their duties of supervision, oversight and control of their activity in accordance with the specific circumstances of the case.
  1. Exemption or attenuation of criminal liability

Article 31 bis. 2 of the SCC: If the offence is committed by the persons indicated in article 31 bis.1 (a) the legal entity shall be exempt from liability if the following conditions are met:

  1. The management body adopted and effectively executed, prior to the commission of the offence, organizational and administrative models, including suitable measures of oversight and control to prevent offences of the same nature, or significantly reduce the risk of the commission thereof;
  1. Supervision of the functioning of and compliance with the prevention model implemented was entrusted to a body of the legal entity which has independent powers of initiative and control, or is legally entrusted with the function of supervising the efficacy of the internal controls of the legal entity;
  1. The individual perpetrators committed the offence by fraudulently evading the organization and prevention models; and
  1. There was no omission or inadequate exercise of functions of supervision, oversight and control by the body referred to in condition 2.

In those cases in which the above circumstances can be only partially accredited, this circumstance shall be taken into consideration in attenuation of the penalty.

Article 31 bis. 4 of the SCC:

  1. If the offence is committed by the persons indicated in article 31 bis.1 (b), the legal entity shall be exempt from liability if, prior to the commission of the offence, it adopted and effectively executed an organizational and administrative model which would be appropriate in order to prevent offences of the nature of that committed, or significantly reduce the risk of the commission thereof.
  1. In this case if the above can be only partially accredited, this circumstance shall be taken into consideration in attenuation of the penalty too.
  1. Requirements of the organizational and administrative models

(Corporate Defense Programs)

Article 31 bis. 5 of the SCC: For organizational and administrative models (corporate defense programs) to be valid and effective, they must fulfill the following requirements:

  1. Identify the activities within the scope of which the offences that they aim to prevent may be committed;
  1. Establish protocols or procedures that describe and establish the corporate entity’s decision-making process and how those decisions are to be executed in respect thereof;
  1. Include financial resources management models suitable for averting the offences that they are aiming to prevent;
  1. Impose an obligation to report potential risks and breaches to the body responsible for supervising the functioning and observance of the prevention model;
  1. Establish a disciplinary system to suitably punish any breach of the measures established in the model; and
  1. Be verified periodically and modified when significant breaches emerge or when changes are made to the organization, to the control structure or to the activities performed that make such changes necessary.
  1. Compliance Officer / Supervisory body.

The SCC does not expressly mention the compliance officer.

What is expressly mentioned (art. 31 bis. 2. 2) is the need to rely on “a body of the legal entity with autonomous powers of initiative and control” to which the supervision of the prevention program of criminal acts committed by managers, directors and employees is entrusted. In small entities, the supervision of the program can be left to the board of directors.

Compliance officer must always be an in-house role. Further complications arise in the case of subsidiaries of multinational corporations, which rely on a global or regional compliance officer.

Depending on the actual functions of this global/regional supervisory body to monitor the criminal compliance program of the subsidiary and to effectively propose measures for improvement, it will be assessed whether or not is necessary to create a new supervisory board within the Spanish subsidiary, with real autonomy and initiative, to monitor the criminal compliance of managers, directors and employees.

Spanish Criminal Code amendment which came into force July 1, 2015 goes into detail about the criminal liability of companies and managers as well as about the monitoring and control obligations.

  1. A potential corporate crime list

We have identified at least 38 criminal offences for which corporate entities may be directly liable together with some more that can be committed within the company. If a company commits any of such criminal offences, the possible consequences range from a fine to, in the most serious cases, a ban on receiving public subsidies, public funds or entering into contracts with the public administrations, judicial intervention or EVEN WINDING-UP AND LIQUIDATION.

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Criminal willful misconduct shall be presumed if “Crime Prevention Manuals” are not created. 

  1. Wealth Secur Lawyers Legal Services on crime law compliance and corporate defense

Upon the Spanish Criminal Code last amendment which came into force on July 1, 2015, deeply affects corporate and directors’ criminal liability, companies operating in Spain shall ask themselves the following questions:

Are directors aware of the criminal liabilities they may face as a result of this amendment?

Are companies, their directors, executives and employees prepared to assume the criminal liability risk?

Do companies and their managers know the ways of exemption from criminal responsibility and the controls and duties to prevent crime?

Our law firm Wealth Secur provides a tailor-made criminal liability prevention plan for each client. This plan takes into account the company’s activities and features and the amendment of the Criminal Code, which came into force on 1st July 2015.

  • We conduct a “due diligence” that deeply analyzes the different crimes that might be committed within the company under the Spanish Criminal Code.
  • We draft and implement the mandatory “Crime Prevention Manuals”, meaning one manual for each crime in order to comply with the current legislation and to try to exempt the company and its directors from criminal liability arising out of crimes committed within the company.
  • We provide legal advice to the company and its governing bodies in crime prevention issues and in the drafting of documents affected by the Criminal Code amendment, such as the minutes of the Board of Directors or directors’ contracts.
  • We represent the company and its directors’ before criminal courts when they are involved in criminal proceedings, either as plaintiffs or defendants.

“From Wealth Secur Lawyers we provide our clients with Legal Services for their real needs.”

  1. Our Crime Prevention Model Proposal for multinational subsidiaries

All corporate entities operating in Spain −including subsidiaries of multinational companies− need an adequate program to prevent, detect and correct all those risky actions that could result in the criminal prosecution/conviction of a corporate entity.

Even though a company has already a crime prevention model worldwide, current Spanish legislation will require specific adaptation and implementation of a tailored model that establishes controls and procedures against criminal risk actions and activities carried out within its Spanish subsidiaries. Therefore a mandatory exercise is to find out which of the policies and manuals that the company already has at a global scale, could be used for this tailored CCPP for the company in Spain

A criminal risk prevention program specifically focused on anti-corruption issues which is already implemented abroad by a multinational company may be a good starting point, but it will not be enough as it has to fulfill and be adapted to the specific Spanish legal requirements. We will coordinate this tailored model with the policies and manuals that company may have at a global scale.

modelo prp

Our work surpasses the mere compliance by advising the client on the corporate defense strategy. Therefore our work on producing the Crime Prevention Model Document will include:

  • To conduct a “due diligence” that deeply analyses the different crimes that might be committed within the company under the Spanish Criminal Code by drafting a matrix where all crimes and each risk activities that can lead to the commission of each crime are treated along with protocols and procedures to mitigate risk activities and to prevent crimes.
  • To draft the mandatory “Crime Prevention Manuals” in order to comply with the current legislation and to try to exempt the company and its directors from criminal liability arising out of crimes committed within the company.
  • To adapt the whistleblowing channel to the Spanish Criminal Code requirements.
  • To draft the disciplinary system appropriate to prevent those crimes.
  • To design the Internal Specific Body functions, responsibilities, competences, and composition, following Spanish criminal code specifications.
  • To draft the periodic verification protocols for the Crime Prevention Model.

If there is evidence that the company has implemented the monitoring and supervision mechanisms necessary to prevent directors, managers and employees, from committing offences, those mechanisms will help the company to avoid or minimize its exposure to criminal liability.

“In case companies do not fulfill these obligations and a crime takes place, courts will accuse the company as well as the individuals (employees and/or directors).”

Wealth Secur itself takes good care on producing corporate Crime Prevention Programs by following some basic rules of engagement, among other:

  • All the information disclosed to our firm by the Client or other on behalf of the Client in order to perform the engagement or in connection with it shall be considered confidential information. Except as authorized in writing by the Client, our firm shall not disclose any confidential information or use it for any purpose other than the performance of the engagement.
  • All work products in the performance of the engagement, including without limitation, analyses, reports, documents and other information, shall be considered confidential information.
  • We will strictly follow all applicable conflict rules. We will not act adversely to the company in any instance where, as the result of our work to it, we have obtained sensitive, proprietary or other confidential information of a non-public nature that could be used to its disadvantage.
  • In accordance with the provisions of Organic Law 15/1999 of 13th December concerning Personal Data Protection, WEALTH SECUR informs the Client of the existence of a personal data file created with the information obtained from the Client.

Eventually, the purpose of this engagement of Wealth Secur with the Spanish subsidiary of a multinational company is to provide our technical and legal advice to perform for the company on the drafting and implementation of its full Corporate Crime Prevention Program in Spain, in full compliance with Spanish Criminal Code, comprehending all relevant policies, protocols, controls, crime treatment, and measures, already existing within company current global compliance documents and adding those required by Spanish Criminal Code which are not comprised in the company documents.

  1. Reviewing and reading of company current global compliance documents and legal structure in Spain. By the end of this stage we will produce a preliminary basic report where we will highlight those elements taken from current company global compliance model that could be included on the new company Corporate Crime Prevention Program for Spain.
  1. Implementation of the Crime Prevention Program based on company current global compliance documents and adding those required by Spanish Criminal Code still not comprised on company documents.

 

We seriously hope this brochure has helped to understand how we could work on Corporate Criminal Liability by producing Corporate Crime Prevention Programs for companies operating in Spain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services to foreign investors to obtain the Spanish residence

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The 14/2013 Act of September 27th, to support entrepreneurs establish conditions for the issuance of residence Visa and residence Permit for foreign investors from non-EU countries and from countries profiting from free circulation and residence rights (Schengen).

By Jose M. Alcañiz, Lawyer.
Do the investors know legal requirements for an investment to be qualified as title to obtain Spanish residence visa or permit?

Do the investors know the procedures to follow to perform investment and to qualify it upon authorities in order to obtain Spanish residence?
From Wealth Secur we help foreign investors to perform and document their investments, qualify them and obtain the Spanish residence.

 

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Find out more about our services for foreign investors in: http://www.wsecur.com

La utilización del precio público de un servicio como precio base de licitación.

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Por Juan José García Ferrer, Abogado.

  Socio de Wealth Secur, y Director del Area de Derecho Público, Juan José ha alternado desde hace más de veinte años la gestión pública y la actividad directiva en el sector privado. Cuenta con más de quince años de experiencia como Director General o Gerente para la Administración, habiendo desarrollado su actividad tanto en el ámbito local como autonómico

La administración tiene una facultad de discrecionalidad a la hora de configurar los pliegos de contratación de un servicio. Los abusos de esta facultad pueden quedar consolidados por los licitadores cuando, con su no hacer, aceptan los pliegos. Asociar el precio base de licitación al precio público del servicio público que se pretende contratar es una anormalidad administrativa que debe tener respuesta en los tribunales.

Supuesto de partida

El contacto con la realidad local nos ha presentado un caso curioso. En los últimos meses algunas pequeñas entidades locales intentaron contratar algunos servicios sociales equiparando el precio base de licitación con el precio público vigente del correspondiente servicio.

La justificación de esta decisión administrativa puede tener su origen en: a) una grave confusión de conceptos que se produce porque la Administración quiere que el adjudicatario cobre a los usuarios su aportación económica al mantenimiento del servicios público contratado; b) una forma injustificada de aumentar las posibilidades de determinadas ofertas.

Diferencia entre el precio base de licitación y el precio público.

Precio base de licitación. Los servicios técnicos y/o económicos de la Administración establecen el importe base de una licitación, el cual será el necesario, a su juicio, para que un adjudicatario se encuentre interesado en realizar la actividad que se contrata. En realidad, más bien es el establecimiento de la cantidad máxima que, en realidad, la Administración está dispuesta a pagar. Por ello, el Presupuesto Base de Licitación tiene que recoger todos los costes que se le producen a la entidad con motivo de la ejecución del contrato, así como el beneficio industrial que corresponda.

Pocas veces los técnicos logran afinar con los precios de mercado[i]. Esta circunstancia puede ser relevante en el reparto de puntos por precio y en la consideración de qué debe tenerse por oferta anormal o desproporcionada. ¿Por qué los cálculos de los servicios técnicos suelen ser superiores a los verdaderos costes del servicio? A saber, y sin ánimo de ser exhaustivo:

  1. Los profesionales de la Administración lo calculan utilizando información de lo que gastan gestionado los mismos servicios, lo cual les induce a error. La Administración que gestiona directamente un servicio público casi siempre gasta más en los capítulos de suministros, gasto corriente e imprevistos. Sus costes laborales también suelen ser mayores, por efectivos y retribuciones, pero en este caso suelen delimitar las plantillas necesarias y utilizan para el cálculo los convenios sectoriales.
  2. Los profesionales de la Administración suelen establecer una media entre sus costes de gestión directa y los ya contratados para su gestión indirecta, resultando pues, frecuentemente, medias y modas superiores.
  3. Existe una especie de temor técnico y político a que los concursos queden desiertos y, dicha circunstancia, sea interpretada como un mal hacer que, incluso, a veces, se hace más visible por la necesidad de ampliar la prórroga del contrato pre existente.

En alguna ocasión, el precio base de licitación también puede estar por debajo del coste real del servicio. Así, por ejemplo, cuando los servicios de contratación barajan costes laborales inferiores por una aplicación automática de convenios generales al margen de los verdaderos costes laborales asociados a la negociación colectiva o a decisiones judiciales aplicables a centros públicos que ya existen[ii].

Precio público. Sed contra, el precio público es el precio que la Administración asigna a un servicio público al objeto de establecer la aportación del usuario y la cantidad máxima que, en su caso, el ciudadano tendrá que aportar para su mantenimiento[iii].

El precio público puede cambiar. Es más, en las Comunidades Autónomas es habitual que una Ley o Decreto deje su establecimiento en manos del Consejero o del Responsable máximo de turno de un área de Gobierno.

Por otro lado, los precios públicos suelen ser inferiores al verdadero coste de los servicios para la Administración. Las razones son diversas:

  1. De un lado, resulta difícil justificar tantos precios como situaciones distintas.

Así, el coste del servicio cambia dependiendo de la titularidad del inmueble, del tipo de gestión y, dentro del mismo tipo, de los medios o requerimientos exigidos. Por ejemplo, cuando la gestión es indirecta, el coste del servicio para la Administración suele variar dependiendo de la forma de contratación (vgr., concierto, concesión, contrato marco, subvención, contrato de gestión de servicio público…) o financiación del servicio (contrato, subvención o prestación económica vinculada a la contratación del servicio público), pues, en la práctica, implícita a las formas se pueden encontrar: a) distintos niveles de exigibilidad; b) diferentes valoraciones atendiendo a la reducción de los capítulos de imprevistos, beneficio empresarial y gasto corriente; c) la financiación pública del servicio considerando sólo flujos de caja, frecuentemente por estar financiados los servicios mediante subvenciones sobre el mobiliario o inmueble o porque la Administración entiende que las plazas privadas deben financiar la amortización o alquiler del inmueble.

En consecuencia, la Administración siempre tiene el dilema de qué precio público asignar: a) Poner un precio ponderado o medio sería recurrible ante los tribunales, ya que el precio público nunca puede ser superior al coste cierto del servicio y con esta fórmula, evidentemente, en algunos casos el precio público sería superior; b) Establecer como precio público el coste del servicio público más bajo. Esta última opción es la decisión adoptada.

  1. Determinados servicios son muy caros, pudiendo llegar en el ámbito de lo social a sobrepasar los 70.000 € anuales. Un precio público de 6.000 € al mes supondría el pago de una cuantía máxima escandalosa para buena parte de la sociedad.

La Administración tiene especial cuidado al asignar el precio público cuando éste además será un indicador relevante en la fórmula de copago. Empero, aunque no lo sea, el precio público establece la cuantía máxima a abonar y, por tanto, ciertas cantidades abren debates no deseados. En otras ocasiones, además, se esgrimen razones de equidad, reivindicándose el mismo precio público entre servicio distintos pero de similar naturaleza. Así, por ejemplo, la tipología de centros residenciales para personas con discapacidad puede ser grande y sin embargo se suelen encuadrar todos los recursos en dos o tres categorías.

En definitiva, cuando el servicio público es especialmente caro, la Administración tiende a asignar como precio público el de otros de análoga naturaleza. Por tanto, como si de un alud se tratara, el precio público de estos servicios también acaba siendo el precio del servicio más barato de su tipología de referencia.

Sin duda, todo este debate se produce porque: a) De un lado, a la Administración le cuesta que sus ciudadanos no asocien precio público con lo que efectivamente aportarán y, aunque lo entiendan, la dialéctica oposición vs. gobierno propiciará que la claridad se nuble; b) Cada vez más, la aportación de los usuarios se realiza sobre fórmulas en las que el precio público interactúa con otros indicadores y no es simplemente el importe máximo a satisfacer en aplicación de la fórmula. SI la aportación económica del ciudadano es un porcentaje de sus ingresos, es testimonial la incidencia de un precio público más alto a partir de los 3,5 IPREM, pues muy pocos españoles tendrán ingresos superiores. ¿Por qué, entonces, se utilizan fórmulas complejas para el cálculo del copago? La respuesta está en la ansiada búsqueda de progresividad en la aportación en detrimento de criterios de asignación proporcional.

La ilegalidad de asociar precio público al coste del servicio barajado por la Administración.

De esta breve y didáctica explicación queda bastante claro que hablamos pues de cosas distintas y que, por tanto, un pliego nunca debería vincular el precio del contrato (que es la remuneración del contratista por la ejecución del contrato[iv]) con el precio público del servicio, pues se trata de dos cosas bien distintas en cuanto a su objeto y naturaleza.

Cuando, como hemos visto, el precio público sea inferior al coste real del servicio, asociando aquél al precio base de licitación no se garantizará que el adjudicatario pague sus costes, de modo que quedará vacío, a no ser que: a) Alguien esté dispuesto a perder dinero para buscar un posicionamiento estratégico o una mejor posición de venta de sus activos; b) El menor precio se compensen con otras líneas de financiación pública, de modo que la supuesta pérdida no sea tal o sea beneficio. Por ejemplo, cuando el inmueble lo ha financiado la Administración o cuando la entidad recibe subvenciones para la prestación de servicios con evidentes sinergias con aquél que va a ser contratado. En estos casos, el tribunal debería reconocer la competencia desleal que evidentemente se produce.

Imaginemos que el precio público sea igual o superior al coste del servicio. En estos casos, deberá ser modificado posteriormente para adecuarlo al nuevo coste, pues como hemos dicho, el precio público no puede ser superior a su verdadero coste. Por otro lado, la retribución del contratista no puede quedar en el alero de una decisión unilateral y política como es la determinación de los precios públicos asignados al servicio público que aquél presta. Asignar como precio de un contrato el de su precio público de referencia supone un marco de indefensión y de falta de transparencia pues, de un lado, la modificación sobrevenida del precio puede perjudicar económicamente al adjudicatario y, de otro, podría darse el caso de adjudicar un servicio público a un licitador que ya conocía que dicho precio público sería modificado en el futuro inmediato.

El principio general de la libertad de pactos no debería significar que los licitadores aceptan esa asociación entre coste del servicio y precio público, salvo, evidentemente, que todos los licitadores acepten esas reglas del juego. En cualquier caso, debería ser tenida por nula cualquier modificación del contrato que fuese justificada en la modificación posterior del precio público.

Ni tan siquiera podría justificarse esta asociación del precio público y el coste del servicio por referencia analógica a los criterios de valor estimado aplicables a los contratos de suministro[v], pues, entre otras razones, una cosa es realizar una estimación global del volumen total de un negocio a partir de previsiones o series históricas de bienes y otra bien distinta estimarlo atendiendo a variables que, como se ha demostrado, atienden a criterios de oportunidad.

Delegación del cobro del copago en el adjudicatario y “malas praxis” asociadas.

Si los pliegos no pueden dejar en manos del adjudicatario el cobro de la prestación del servicio, no puede establecer a riesgo y ventura del adjudicatario su cuantía. Todos los licitadores deberían conocer las series históricas de aportaciones o la estimación media de rentas o ingresos de los ciudadanos. Este dato pude tener incidencia en los costes financieros si los copagos no se ingresan en una cuenta de la Administración y, sed contra, se realiza una factura mensual del servicio restando las aportaciones recibidas. Estos mecanismo, además alteran la fotografía del capítulo de ingresos y gastos mediante minoración de unos y otros, afectando a la estimación de costes de referencia negociados entre administraciones y la aportación de cada una al mantenimiento de los servicios.

Ofertas anormales y desproporcionadas en relación a un precio de contrato asociado al precio público en la licitación.

Es verdad que el pliego es el que debería determinar bajo qué parámetros objetivos puede apreciarse que una oferta no puede ser cumplida como consecuencia de incluir valores anormales o desproporcionados, sin que estos parámetros deban hacer referencia exclusivamente al criterio precio[vi]. Incluso, suele considerarse en algunos órdenes que no es posible apreciar una baja anormal o desproporcionada si no se contemplan expresamente en los Pliegos los criterios para su determinación, resultando insuficiente la remisión al precio. En nuestra opinión, toda baja sobe el precio público del servicio debería ser considerada una baja anormal o desproporcionada. La prueba de lo contrario por el adjudicatario obligaría a la Administración a cambiar su propio precio público.

Suele decirse que aunque la elección de los criterios de adjudicación sean discrecionales para el órgano de contratación, han de reunir, al menos, cinco características: a) han de estar directamente vinculados al objeto, las características y la naturaleza del contrato; b) han de ser objetivos; c) tienen que estar ponderados; d) deben permitir que se pueda evaluar la eficacia y eficiencia de cada oferta, es decir, sus esperados resultados y la relación calidad vs. precio de cada oferta; e) y deben figurar en el anuncio de licitación, en los pliegos o, en su caso, en el documento descriptivo[vii].

Pues bien, cuando el precio base de licitación se asocia al precio público, por las razones ya señaladas difícilmente puede valorarse la relación calidad – precio. Por ello, podemos decir que estaríamos ante un claro ejemplo de uso incorrecto de la discrecionalidad de la Administración o, lo que es lo mismo, una apariencia de objetividad de los criterios que impide garantizar el respeto de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato de los licitadores[viii]. Y decimos apariencia porque afectará a la concurrencia y también a la valoración de lo que deba entenderse como bajas anormales o desproporcionadas.

Conclusión

En definitiva, debe ser objeto de recurso cualquier pliego de prescripciones administrativas que asocie o referencie el precio base de licitación al precio público del servicio público que se licita pues, en nuestra opinión, mezclando conceptos de distinta naturaleza y objeto, el precio base de licitación no queda justificado por la Administración, se puede poner en riesgo la correcta ejecución del contrato y se fomenta, consciente o inconscientemente, prácticas de concurrencia desleal o anti concurrenciales[ix].

[i] No nos estamos refiriendo a la contratación a través de conciertos, contratos marcos u otras tipologías de análoga naturaleza en las que pude producirse justamente lo contrario, ya que establecen condiciones del servicio de mínimos y puede establecer el cálculo mediante referencia a flujos de caja.
[ii] Que los costes laborales de los servicios cambien no permite modificar el precio del contrato, pues se entiende que el adjudicatario lo es asumiendo el riesgo y ventura de que, por distintas razones, dichos costes puedan variar. Empero, no deberían desconocerse los verdaderos costes laborales al calcular el precio base de licitación de un servicio nuevo o ya existente.
[iii] El art. 2 de la Ley 25/1998, 13 de julio, que modifica el art. 24 de la Ley 8/1989, 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, señala que tendrán consideración de precios públicos “… las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados”. En nuestra opinión, el propio concepto requeriría de algunas aclaraciones.
[iv] En este sentido, vid. Informe de la Junta Consultiva de Contratación del Estado en su Informe 43/08, de 28 de julio.
[v] Vid. artículo 9.3.a) TRLCSP.
[vi] Vid., entre otros, Informe 11/2014 de la Junta Consultiva de Aragón.
[vii] Vid. Informe Junta Consultiva de Contratación de Aragón 1/2011, de 12 de enero.
[viii] Vid. considerando 90 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública,
[ix] Otro ejemplo de estas prácticas puede verse en el Informe 2/2015, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, adoptado en su sesión del día 17 de marzo de 2015.

Consideraciones sobre la Gestión del Cambio en el Área Financiera

“La sostenibilidad de los sistemas económicos globales está profundamente relacionada con la subsistencia y el desarrollo de los tejidos empresariales nacionales. Y, hoy más que nunca, es requisito indispensable para tales condiciones la creación de escenarios realizables de financiación de activo circulante”.

MDV

 

Por Mariano del Valle Carrasquilla, Economista

 Mariano del Valle es Socio de Wealth Secur, experto en gestión empresarial, fiscalidad, Corporate Finance, procesos de M&A, creación de estructuras holding, valoración de empresas y due diligence en las áreas económica, financiera y tributaria.

Si bien es cierto que asistimos actualmente a un escenario de relativo incremento del crédito bancario con respecto a los años inmediatamente anteriores (tras los esfuerzos dinamizadores del Banco Central Europeo), también es evidente que el panorama no termina de despejarse. Un importante factor en este sentido subyace en los procesos de concentración bancaria que han sido de obligada materialización en los últimos ejercicios. Además de perjudicar la calidad de la atención al cliente en las oficinas bancarias (menos oficinas y menos empleados, atendiendo a largas colas de clientes para las gestiones más simples), la reducción del número de entidades financieras conlleva un proceso de aumento de la concentración del riesgo que perjudica la cobertura de las necesidades de las empresas, y fundamentalmente de las PYMEs (que constituyen el más importante vivero de creación de empleo en España).

La crisis económica y financiera ha dificultado sobremanera la satisfacción de la financiación del capital circulante, fundamentalmente en dos ámbitos:

  • En forma generalizada, ha aumentado el volumen de la necesidad operativa de fondos (NOF) de las empresas, a causa de los siguientes factores:
  • Período medio de cobros dilatado (financiación a clientes).
  • Período medio de pago acortado (financiación de proveedores).
  • En escenarios altamente competitivos es necesario el aumento de los stocks de seguridad, para obtener mejoras de carácter extra-precio.
  • Las fuertes restricciones de financiación bancaria a las empresas han derivado en una extrema dificultad para sostener, vía financiación bancaria a corto plazo, una NOF que, lejos de mantenerse estable, en muchos casos ha aumentado sensiblemente.

Cuanto mayor sea el crecimiento comercial de una empresa, mayor será su necesidad de financiación de circulante. La paradoja que vive hoy día el tejido empresarial en España es terrible. Mientras muchas empresas mueren por inanición, otras se arriesgan, en un entorno de escasez de financiación bancaria, a “morir de éxito” si crecen.

En este contexto, el impacto de tales circunstancias microeconómicas sobre las magnitudes macroeconómicas es altamente decisivo. En el mismo modo en que la corriente inversa (un deteriorado ambiente macro que incide gravemente sobre las variables micro) genera un circulo vicioso altamente pernicioso.

Es necesaria una reactivación microeconómica en modo tal que el contexto macro pueda recuperarse. Y, en el mismo modo en que las acciones de política macroeconómica inciden sobre las perspectivas micro, podrán y deberán incidir sobre la economía y el bienestar globales las intervenciones que partan del ambiente micro.

Refirámonos a la formulación de la ecuación cuantitativa básica (de forma simplificada):

M x V = P x Q, donde

M = Masa monetaria.

V = Velocidad de circulación del dinero.

P = Nivel general de precios.

Q = Volumen global de producción.

Es decir, el volumen de renta generado en un sistema es directamente proporcional a la velocidad de circulación del dinero, dada una determinada masa monetaria. Desde un punto de vista similar, podemos concluir que un aumento en la masa monetaria generado en el ambiente micro podrá incrementar el nivel general de renta.

Este último aspecto deriva a su vez de la incidencia del multiplicador monetario:

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Si el sistema bancario no dinamiza el dinero vía financiación a terceros, se produce un efecto equivalente a un incremento en r, con un consiguiente descenso en m; lo que se asimila, a su vez, a una reducción de V.

 ¿Qué pretendemos subrayar recordando estas observaciones simples y evidentes? Pues algo conocido por todos: que hasta que no se produzca una reactivación del crédito bancario, no se generará un crecimiento económico que pueda dinamizar la creación de empleo y riqueza.

A la luz de estos y otros argumentos similares, las entidades financieras deben colaborar activamente en los procesos de recuperación económica. Pero, paralelamente, en contextos de crisis financiera internacional y con serios peligros de “intoxicación” para la banca de parte del tejido industrial, tales entidades están obligadas a ser extremadamente cautas en su política de concesión del crédito.

No pretendemos en este artículo ahondar en el papel del sector financiero dentro de este delicado equilibrio; de ese nadar entre dos corrientes que pueden resultar contradictorias. Por un lado, los bancos tienen la responsabilidad social de dinamizar financieramente el tejido económico; de otra parte, están obligados a la cautela en pro de los intereses de sus impositores. Si profundizáramos en este asunto, tal vez no pudiéramos resistir la tentación de reclamar a los operadores financieros una mayor apuesta por la economía real, tras tantos desvaríos cometidos, en un pasado reciente, en las aguas turbulentas de la especulación financiera. ¿Dónde estaban entonces sus obligaciones de prudencia ante los impositores?

Vayamos a lo que nos interesa. ¿Qué puede hacer un empresario, en lo relativo a su estrategia financiera, ante este cambio en el entorno? En circunstancias de escasez de financiación bancaria, el empresario debe incidir en aspectos estratégicos que (al contrario que ocurre con las magnitudes y políticas del entorno bancario) sí están en sus manos.

Hemos de resaltar un instrumento financiero que, en este ejercicio 2016, forma parte del catálogo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) denominado línea “Empresas y Emprendedores – Tramo de Adquisición de Empresas” que opera de forma similar a la mantenida en otros ejercicios como “Tramo de Capitalización”.

Aconsejamos prestar atención a esta vía de financiación, pues constituye una fórmula útil para (pese al aparente contrasentido) incrementar los fondos propios vía apalancamiento bancario, dentro de un entorno de agrupación mercantil.

Aunque no existen recetas mágicas, podemos avanzar una serie de observaciones que es preciso tener en cuenta:

  • En contextos de crisis, la gestión de costes y el control presupuestario deben orientarse (como uno de los objetivos prioritarios) a la optimización de la NOF.
  • Habitualmente, el presupuesto (económico y financiero) se caracteriza por constituir un “desafío razonable” para la empresa. Sin perder este carácter, en tiempos difíciles el presupuesto constituye, además de un instrumento estratégico, una herramienta vital tendente al mantenimiento de la solvencia.
  • Necesidad de adaptación al cambio en gestión de tesorería: políticas de liquidez alta vs. políticas de liquidez baja. “Mucha liquidez es costosa, y poca puede ser desastrosa”.
  • En caso de crisis, el tiempo disponible para solventar el problema depende de la liquidez.
  • Nuevos enfoques de la búsqueda de financiación bancaria.
  • Ante el riesgo de reducción (o anulación) de la financiación bancaria a corto en los plazos de renovación, es preciso buscar fórmulas para financiar el circulante a largo.
  • Circunstancias de necesidad de diferimiento de los compromisos de pago: método de la equivalencia financiera entre las corrientes monetarias de cobros y pagos mediante la adaptación de la variable tiempo.

Ejemplo:

Utilizamos la siguiente fórmula:

 Entradas del periodo                       Salidas del periodo

_______________   =   __________________

Frecuencia de entradas               Fraccionamiento de salidas

Considerando unas cifras de un caso real atendido por este despacho (en las que las salidas previstas son superiores a las entradas), ante un periodo medio de cobro de 90, obtenemos el siguiente periodo medio de pago necesario a proveedores en el plano teórico:

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(Suponiendo una cifra de pagos al contado del 34% sobre los desembolsos totales)

  • Análisis de la capacidad de reembolso de la deuda: método de CFn necesario para igualar a cero el VAN.

                                           VAN = –D + å (CFn / (1 + i)n)

  • El presupuesto debe nacer de un proceso planificador (plan estratégico). Su implementación y seguimiento deben reforzarse a través de las directrices generales de estructura y del cuadro de mando integral.
  • Necesidad de implementación de sistemas de costes. No podemos poner precios a ciegas. Aunque el mercado “manda”, debemos saber qué ganamos o qué perdemos tras cada precio unitario, y tomar decisiones estratégicas a partir de esta realidad.
  • Otros aspectos estratégicos al servicio de la NOF: la programación maestra de la producción (ejemplo: producción bajo pedido vs. producción fija con arrastre de inventario).
  • Otros aspectos estratégicos al servicio de la NOF: la política de calidad. Importancia de los costes de la no – calidad.

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“Dentro de la vocación de Welth Secur como fieles compañeros de viaje en sus inquietudes empresariales y patrimoniales, estamos a su disposición para apoyarles en esta necesaria gestión del cambio.” 

 

 

Mariano del Valle, Appointed Head of M&A at Wealth Secur Lawyers

Captura de pantalla 2016-01-27 a la(s) 09.38.59Mariano del Valle Carrasquilla, Economist.

Degree in Economics by Universidad Autónoma de Madrid, 1983. M.B.A. Executive by Escuela Europea de Negocios. Master in Audit and Accounting at, Universidad Carlos III de Madrid / Registro de Economistas Auditores. Studies energy Economy by Centro de Investigación Económica de la Energía / Universidad Autónoma de Madrid. Member of Registro de Economistas Asesores Fiscales. Memeber of Registro de Economistas Expertos en Contabilidad e Información Financiera.

Career: His carreer has alwayys been developed within management, accounting, finance and tax areas. He has been founding partner and CEO at Uniarte, S.A. for 9 years. He has been professor in TAX at Centro Universitario de Toledo and in UNED. Author of book “Proyecto Empresarial” (1996, Editorial Santillana). In 1999, he was awarded by “Actualidad Económica” and “A.T. Kearney” as one of 50 best spanish companies managers. He practises as profesional partner at “Audeco Economistas, S.L.P.” and “VOR Finanzas, S.L.”. member of the board at “Acero Toledano, S.A.”. and member of the board Consejero de “Industrias Metálicas Integralia, S.L.”.

Expertise: Economist expert in management, Corporate Finance and corporate Tax. Specialist on M&A, holding, valuation and economic tax and financial due diligence.

mdv@wsecur.com (+34) 619 75 28 18