La utilización del precio público de un servicio como precio base de licitación.

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Por Juan José García Ferrer, Abogado.

  Socio de Wealth Secur, y Director del Area de Derecho Público, Juan José ha alternado desde hace más de veinte años la gestión pública y la actividad directiva en el sector privado. Cuenta con más de quince años de experiencia como Director General o Gerente para la Administración, habiendo desarrollado su actividad tanto en el ámbito local como autonómico

La administración tiene una facultad de discrecionalidad a la hora de configurar los pliegos de contratación de un servicio. Los abusos de esta facultad pueden quedar consolidados por los licitadores cuando, con su no hacer, aceptan los pliegos. Asociar el precio base de licitación al precio público del servicio público que se pretende contratar es una anormalidad administrativa que debe tener respuesta en los tribunales.

Supuesto de partida

El contacto con la realidad local nos ha presentado un caso curioso. En los últimos meses algunas pequeñas entidades locales intentaron contratar algunos servicios sociales equiparando el precio base de licitación con el precio público vigente del correspondiente servicio.

La justificación de esta decisión administrativa puede tener su origen en: a) una grave confusión de conceptos que se produce porque la Administración quiere que el adjudicatario cobre a los usuarios su aportación económica al mantenimiento del servicios público contratado; b) una forma injustificada de aumentar las posibilidades de determinadas ofertas.

Diferencia entre el precio base de licitación y el precio público.

Precio base de licitación. Los servicios técnicos y/o económicos de la Administración establecen el importe base de una licitación, el cual será el necesario, a su juicio, para que un adjudicatario se encuentre interesado en realizar la actividad que se contrata. En realidad, más bien es el establecimiento de la cantidad máxima que, en realidad, la Administración está dispuesta a pagar. Por ello, el Presupuesto Base de Licitación tiene que recoger todos los costes que se le producen a la entidad con motivo de la ejecución del contrato, así como el beneficio industrial que corresponda.

Pocas veces los técnicos logran afinar con los precios de mercado[i]. Esta circunstancia puede ser relevante en el reparto de puntos por precio y en la consideración de qué debe tenerse por oferta anormal o desproporcionada. ¿Por qué los cálculos de los servicios técnicos suelen ser superiores a los verdaderos costes del servicio? A saber, y sin ánimo de ser exhaustivo:

  1. Los profesionales de la Administración lo calculan utilizando información de lo que gastan gestionado los mismos servicios, lo cual les induce a error. La Administración que gestiona directamente un servicio público casi siempre gasta más en los capítulos de suministros, gasto corriente e imprevistos. Sus costes laborales también suelen ser mayores, por efectivos y retribuciones, pero en este caso suelen delimitar las plantillas necesarias y utilizan para el cálculo los convenios sectoriales.
  2. Los profesionales de la Administración suelen establecer una media entre sus costes de gestión directa y los ya contratados para su gestión indirecta, resultando pues, frecuentemente, medias y modas superiores.
  3. Existe una especie de temor técnico y político a que los concursos queden desiertos y, dicha circunstancia, sea interpretada como un mal hacer que, incluso, a veces, se hace más visible por la necesidad de ampliar la prórroga del contrato pre existente.

En alguna ocasión, el precio base de licitación también puede estar por debajo del coste real del servicio. Así, por ejemplo, cuando los servicios de contratación barajan costes laborales inferiores por una aplicación automática de convenios generales al margen de los verdaderos costes laborales asociados a la negociación colectiva o a decisiones judiciales aplicables a centros públicos que ya existen[ii].

Precio público. Sed contra, el precio público es el precio que la Administración asigna a un servicio público al objeto de establecer la aportación del usuario y la cantidad máxima que, en su caso, el ciudadano tendrá que aportar para su mantenimiento[iii].

El precio público puede cambiar. Es más, en las Comunidades Autónomas es habitual que una Ley o Decreto deje su establecimiento en manos del Consejero o del Responsable máximo de turno de un área de Gobierno.

Por otro lado, los precios públicos suelen ser inferiores al verdadero coste de los servicios para la Administración. Las razones son diversas:

  1. De un lado, resulta difícil justificar tantos precios como situaciones distintas.

Así, el coste del servicio cambia dependiendo de la titularidad del inmueble, del tipo de gestión y, dentro del mismo tipo, de los medios o requerimientos exigidos. Por ejemplo, cuando la gestión es indirecta, el coste del servicio para la Administración suele variar dependiendo de la forma de contratación (vgr., concierto, concesión, contrato marco, subvención, contrato de gestión de servicio público…) o financiación del servicio (contrato, subvención o prestación económica vinculada a la contratación del servicio público), pues, en la práctica, implícita a las formas se pueden encontrar: a) distintos niveles de exigibilidad; b) diferentes valoraciones atendiendo a la reducción de los capítulos de imprevistos, beneficio empresarial y gasto corriente; c) la financiación pública del servicio considerando sólo flujos de caja, frecuentemente por estar financiados los servicios mediante subvenciones sobre el mobiliario o inmueble o porque la Administración entiende que las plazas privadas deben financiar la amortización o alquiler del inmueble.

En consecuencia, la Administración siempre tiene el dilema de qué precio público asignar: a) Poner un precio ponderado o medio sería recurrible ante los tribunales, ya que el precio público nunca puede ser superior al coste cierto del servicio y con esta fórmula, evidentemente, en algunos casos el precio público sería superior; b) Establecer como precio público el coste del servicio público más bajo. Esta última opción es la decisión adoptada.

  1. Determinados servicios son muy caros, pudiendo llegar en el ámbito de lo social a sobrepasar los 70.000 € anuales. Un precio público de 6.000 € al mes supondría el pago de una cuantía máxima escandalosa para buena parte de la sociedad.

La Administración tiene especial cuidado al asignar el precio público cuando éste además será un indicador relevante en la fórmula de copago. Empero, aunque no lo sea, el precio público establece la cuantía máxima a abonar y, por tanto, ciertas cantidades abren debates no deseados. En otras ocasiones, además, se esgrimen razones de equidad, reivindicándose el mismo precio público entre servicio distintos pero de similar naturaleza. Así, por ejemplo, la tipología de centros residenciales para personas con discapacidad puede ser grande y sin embargo se suelen encuadrar todos los recursos en dos o tres categorías.

En definitiva, cuando el servicio público es especialmente caro, la Administración tiende a asignar como precio público el de otros de análoga naturaleza. Por tanto, como si de un alud se tratara, el precio público de estos servicios también acaba siendo el precio del servicio más barato de su tipología de referencia.

Sin duda, todo este debate se produce porque: a) De un lado, a la Administración le cuesta que sus ciudadanos no asocien precio público con lo que efectivamente aportarán y, aunque lo entiendan, la dialéctica oposición vs. gobierno propiciará que la claridad se nuble; b) Cada vez más, la aportación de los usuarios se realiza sobre fórmulas en las que el precio público interactúa con otros indicadores y no es simplemente el importe máximo a satisfacer en aplicación de la fórmula. SI la aportación económica del ciudadano es un porcentaje de sus ingresos, es testimonial la incidencia de un precio público más alto a partir de los 3,5 IPREM, pues muy pocos españoles tendrán ingresos superiores. ¿Por qué, entonces, se utilizan fórmulas complejas para el cálculo del copago? La respuesta está en la ansiada búsqueda de progresividad en la aportación en detrimento de criterios de asignación proporcional.

La ilegalidad de asociar precio público al coste del servicio barajado por la Administración.

De esta breve y didáctica explicación queda bastante claro que hablamos pues de cosas distintas y que, por tanto, un pliego nunca debería vincular el precio del contrato (que es la remuneración del contratista por la ejecución del contrato[iv]) con el precio público del servicio, pues se trata de dos cosas bien distintas en cuanto a su objeto y naturaleza.

Cuando, como hemos visto, el precio público sea inferior al coste real del servicio, asociando aquél al precio base de licitación no se garantizará que el adjudicatario pague sus costes, de modo que quedará vacío, a no ser que: a) Alguien esté dispuesto a perder dinero para buscar un posicionamiento estratégico o una mejor posición de venta de sus activos; b) El menor precio se compensen con otras líneas de financiación pública, de modo que la supuesta pérdida no sea tal o sea beneficio. Por ejemplo, cuando el inmueble lo ha financiado la Administración o cuando la entidad recibe subvenciones para la prestación de servicios con evidentes sinergias con aquél que va a ser contratado. En estos casos, el tribunal debería reconocer la competencia desleal que evidentemente se produce.

Imaginemos que el precio público sea igual o superior al coste del servicio. En estos casos, deberá ser modificado posteriormente para adecuarlo al nuevo coste, pues como hemos dicho, el precio público no puede ser superior a su verdadero coste. Por otro lado, la retribución del contratista no puede quedar en el alero de una decisión unilateral y política como es la determinación de los precios públicos asignados al servicio público que aquél presta. Asignar como precio de un contrato el de su precio público de referencia supone un marco de indefensión y de falta de transparencia pues, de un lado, la modificación sobrevenida del precio puede perjudicar económicamente al adjudicatario y, de otro, podría darse el caso de adjudicar un servicio público a un licitador que ya conocía que dicho precio público sería modificado en el futuro inmediato.

El principio general de la libertad de pactos no debería significar que los licitadores aceptan esa asociación entre coste del servicio y precio público, salvo, evidentemente, que todos los licitadores acepten esas reglas del juego. En cualquier caso, debería ser tenida por nula cualquier modificación del contrato que fuese justificada en la modificación posterior del precio público.

Ni tan siquiera podría justificarse esta asociación del precio público y el coste del servicio por referencia analógica a los criterios de valor estimado aplicables a los contratos de suministro[v], pues, entre otras razones, una cosa es realizar una estimación global del volumen total de un negocio a partir de previsiones o series históricas de bienes y otra bien distinta estimarlo atendiendo a variables que, como se ha demostrado, atienden a criterios de oportunidad.

Delegación del cobro del copago en el adjudicatario y “malas praxis” asociadas.

Si los pliegos no pueden dejar en manos del adjudicatario el cobro de la prestación del servicio, no puede establecer a riesgo y ventura del adjudicatario su cuantía. Todos los licitadores deberían conocer las series históricas de aportaciones o la estimación media de rentas o ingresos de los ciudadanos. Este dato pude tener incidencia en los costes financieros si los copagos no se ingresan en una cuenta de la Administración y, sed contra, se realiza una factura mensual del servicio restando las aportaciones recibidas. Estos mecanismo, además alteran la fotografía del capítulo de ingresos y gastos mediante minoración de unos y otros, afectando a la estimación de costes de referencia negociados entre administraciones y la aportación de cada una al mantenimiento de los servicios.

Ofertas anormales y desproporcionadas en relación a un precio de contrato asociado al precio público en la licitación.

Es verdad que el pliego es el que debería determinar bajo qué parámetros objetivos puede apreciarse que una oferta no puede ser cumplida como consecuencia de incluir valores anormales o desproporcionados, sin que estos parámetros deban hacer referencia exclusivamente al criterio precio[vi]. Incluso, suele considerarse en algunos órdenes que no es posible apreciar una baja anormal o desproporcionada si no se contemplan expresamente en los Pliegos los criterios para su determinación, resultando insuficiente la remisión al precio. En nuestra opinión, toda baja sobe el precio público del servicio debería ser considerada una baja anormal o desproporcionada. La prueba de lo contrario por el adjudicatario obligaría a la Administración a cambiar su propio precio público.

Suele decirse que aunque la elección de los criterios de adjudicación sean discrecionales para el órgano de contratación, han de reunir, al menos, cinco características: a) han de estar directamente vinculados al objeto, las características y la naturaleza del contrato; b) han de ser objetivos; c) tienen que estar ponderados; d) deben permitir que se pueda evaluar la eficacia y eficiencia de cada oferta, es decir, sus esperados resultados y la relación calidad vs. precio de cada oferta; e) y deben figurar en el anuncio de licitación, en los pliegos o, en su caso, en el documento descriptivo[vii].

Pues bien, cuando el precio base de licitación se asocia al precio público, por las razones ya señaladas difícilmente puede valorarse la relación calidad – precio. Por ello, podemos decir que estaríamos ante un claro ejemplo de uso incorrecto de la discrecionalidad de la Administración o, lo que es lo mismo, una apariencia de objetividad de los criterios que impide garantizar el respeto de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato de los licitadores[viii]. Y decimos apariencia porque afectará a la concurrencia y también a la valoración de lo que deba entenderse como bajas anormales o desproporcionadas.

Conclusión

En definitiva, debe ser objeto de recurso cualquier pliego de prescripciones administrativas que asocie o referencie el precio base de licitación al precio público del servicio público que se licita pues, en nuestra opinión, mezclando conceptos de distinta naturaleza y objeto, el precio base de licitación no queda justificado por la Administración, se puede poner en riesgo la correcta ejecución del contrato y se fomenta, consciente o inconscientemente, prácticas de concurrencia desleal o anti concurrenciales[ix].

[i] No nos estamos refiriendo a la contratación a través de conciertos, contratos marcos u otras tipologías de análoga naturaleza en las que pude producirse justamente lo contrario, ya que establecen condiciones del servicio de mínimos y puede establecer el cálculo mediante referencia a flujos de caja.
[ii] Que los costes laborales de los servicios cambien no permite modificar el precio del contrato, pues se entiende que el adjudicatario lo es asumiendo el riesgo y ventura de que, por distintas razones, dichos costes puedan variar. Empero, no deberían desconocerse los verdaderos costes laborales al calcular el precio base de licitación de un servicio nuevo o ya existente.
[iii] El art. 2 de la Ley 25/1998, 13 de julio, que modifica el art. 24 de la Ley 8/1989, 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, señala que tendrán consideración de precios públicos “… las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados”. En nuestra opinión, el propio concepto requeriría de algunas aclaraciones.
[iv] En este sentido, vid. Informe de la Junta Consultiva de Contratación del Estado en su Informe 43/08, de 28 de julio.
[v] Vid. artículo 9.3.a) TRLCSP.
[vi] Vid., entre otros, Informe 11/2014 de la Junta Consultiva de Aragón.
[vii] Vid. Informe Junta Consultiva de Contratación de Aragón 1/2011, de 12 de enero.
[viii] Vid. considerando 90 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública,
[ix] Otro ejemplo de estas prácticas puede verse en el Informe 2/2015, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, adoptado en su sesión del día 17 de marzo de 2015.

Consideraciones sobre la Gestión del Cambio en el Área Financiera

“La sostenibilidad de los sistemas económicos globales está profundamente relacionada con la subsistencia y el desarrollo de los tejidos empresariales nacionales. Y, hoy más que nunca, es requisito indispensable para tales condiciones la creación de escenarios realizables de financiación de activo circulante”.

MDV

 

Por Mariano del Valle Carrasquilla, Economista

 Mariano del Valle es Socio de Wealth Secur, experto en gestión empresarial, fiscalidad, Corporate Finance, procesos de M&A, creación de estructuras holding, valoración de empresas y due diligence en las áreas económica, financiera y tributaria.

Si bien es cierto que asistimos actualmente a un escenario de relativo incremento del crédito bancario con respecto a los años inmediatamente anteriores (tras los esfuerzos dinamizadores del Banco Central Europeo), también es evidente que el panorama no termina de despejarse. Un importante factor en este sentido subyace en los procesos de concentración bancaria que han sido de obligada materialización en los últimos ejercicios. Además de perjudicar la calidad de la atención al cliente en las oficinas bancarias (menos oficinas y menos empleados, atendiendo a largas colas de clientes para las gestiones más simples), la reducción del número de entidades financieras conlleva un proceso de aumento de la concentración del riesgo que perjudica la cobertura de las necesidades de las empresas, y fundamentalmente de las PYMEs (que constituyen el más importante vivero de creación de empleo en España).

La crisis económica y financiera ha dificultado sobremanera la satisfacción de la financiación del capital circulante, fundamentalmente en dos ámbitos:

  • En forma generalizada, ha aumentado el volumen de la necesidad operativa de fondos (NOF) de las empresas, a causa de los siguientes factores:
  • Período medio de cobros dilatado (financiación a clientes).
  • Período medio de pago acortado (financiación de proveedores).
  • En escenarios altamente competitivos es necesario el aumento de los stocks de seguridad, para obtener mejoras de carácter extra-precio.
  • Las fuertes restricciones de financiación bancaria a las empresas han derivado en una extrema dificultad para sostener, vía financiación bancaria a corto plazo, una NOF que, lejos de mantenerse estable, en muchos casos ha aumentado sensiblemente.

Cuanto mayor sea el crecimiento comercial de una empresa, mayor será su necesidad de financiación de circulante. La paradoja que vive hoy día el tejido empresarial en España es terrible. Mientras muchas empresas mueren por inanición, otras se arriesgan, en un entorno de escasez de financiación bancaria, a “morir de éxito” si crecen.

En este contexto, el impacto de tales circunstancias microeconómicas sobre las magnitudes macroeconómicas es altamente decisivo. En el mismo modo en que la corriente inversa (un deteriorado ambiente macro que incide gravemente sobre las variables micro) genera un circulo vicioso altamente pernicioso.

Es necesaria una reactivación microeconómica en modo tal que el contexto macro pueda recuperarse. Y, en el mismo modo en que las acciones de política macroeconómica inciden sobre las perspectivas micro, podrán y deberán incidir sobre la economía y el bienestar globales las intervenciones que partan del ambiente micro.

Refirámonos a la formulación de la ecuación cuantitativa básica (de forma simplificada):

M x V = P x Q, donde

M = Masa monetaria.

V = Velocidad de circulación del dinero.

P = Nivel general de precios.

Q = Volumen global de producción.

Es decir, el volumen de renta generado en un sistema es directamente proporcional a la velocidad de circulación del dinero, dada una determinada masa monetaria. Desde un punto de vista similar, podemos concluir que un aumento en la masa monetaria generado en el ambiente micro podrá incrementar el nivel general de renta.

Este último aspecto deriva a su vez de la incidencia del multiplicador monetario:

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Si el sistema bancario no dinamiza el dinero vía financiación a terceros, se produce un efecto equivalente a un incremento en r, con un consiguiente descenso en m; lo que se asimila, a su vez, a una reducción de V.

 ¿Qué pretendemos subrayar recordando estas observaciones simples y evidentes? Pues algo conocido por todos: que hasta que no se produzca una reactivación del crédito bancario, no se generará un crecimiento económico que pueda dinamizar la creación de empleo y riqueza.

A la luz de estos y otros argumentos similares, las entidades financieras deben colaborar activamente en los procesos de recuperación económica. Pero, paralelamente, en contextos de crisis financiera internacional y con serios peligros de “intoxicación” para la banca de parte del tejido industrial, tales entidades están obligadas a ser extremadamente cautas en su política de concesión del crédito.

No pretendemos en este artículo ahondar en el papel del sector financiero dentro de este delicado equilibrio; de ese nadar entre dos corrientes que pueden resultar contradictorias. Por un lado, los bancos tienen la responsabilidad social de dinamizar financieramente el tejido económico; de otra parte, están obligados a la cautela en pro de los intereses de sus impositores. Si profundizáramos en este asunto, tal vez no pudiéramos resistir la tentación de reclamar a los operadores financieros una mayor apuesta por la economía real, tras tantos desvaríos cometidos, en un pasado reciente, en las aguas turbulentas de la especulación financiera. ¿Dónde estaban entonces sus obligaciones de prudencia ante los impositores?

Vayamos a lo que nos interesa. ¿Qué puede hacer un empresario, en lo relativo a su estrategia financiera, ante este cambio en el entorno? En circunstancias de escasez de financiación bancaria, el empresario debe incidir en aspectos estratégicos que (al contrario que ocurre con las magnitudes y políticas del entorno bancario) sí están en sus manos.

Hemos de resaltar un instrumento financiero que, en este ejercicio 2016, forma parte del catálogo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) denominado línea “Empresas y Emprendedores – Tramo de Adquisición de Empresas” que opera de forma similar a la mantenida en otros ejercicios como “Tramo de Capitalización”.

Aconsejamos prestar atención a esta vía de financiación, pues constituye una fórmula útil para (pese al aparente contrasentido) incrementar los fondos propios vía apalancamiento bancario, dentro de un entorno de agrupación mercantil.

Aunque no existen recetas mágicas, podemos avanzar una serie de observaciones que es preciso tener en cuenta:

  • En contextos de crisis, la gestión de costes y el control presupuestario deben orientarse (como uno de los objetivos prioritarios) a la optimización de la NOF.
  • Habitualmente, el presupuesto (económico y financiero) se caracteriza por constituir un “desafío razonable” para la empresa. Sin perder este carácter, en tiempos difíciles el presupuesto constituye, además de un instrumento estratégico, una herramienta vital tendente al mantenimiento de la solvencia.
  • Necesidad de adaptación al cambio en gestión de tesorería: políticas de liquidez alta vs. políticas de liquidez baja. “Mucha liquidez es costosa, y poca puede ser desastrosa”.
  • En caso de crisis, el tiempo disponible para solventar el problema depende de la liquidez.
  • Nuevos enfoques de la búsqueda de financiación bancaria.
  • Ante el riesgo de reducción (o anulación) de la financiación bancaria a corto en los plazos de renovación, es preciso buscar fórmulas para financiar el circulante a largo.
  • Circunstancias de necesidad de diferimiento de los compromisos de pago: método de la equivalencia financiera entre las corrientes monetarias de cobros y pagos mediante la adaptación de la variable tiempo.

Ejemplo:

Utilizamos la siguiente fórmula:

 Entradas del periodo                       Salidas del periodo

_______________   =   __________________

Frecuencia de entradas               Fraccionamiento de salidas

Considerando unas cifras de un caso real atendido por este despacho (en las que las salidas previstas son superiores a las entradas), ante un periodo medio de cobro de 90, obtenemos el siguiente periodo medio de pago necesario a proveedores en el plano teórico:

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(Suponiendo una cifra de pagos al contado del 34% sobre los desembolsos totales)

  • Análisis de la capacidad de reembolso de la deuda: método de CFn necesario para igualar a cero el VAN.

                                           VAN = –D + å (CFn / (1 + i)n)

  • El presupuesto debe nacer de un proceso planificador (plan estratégico). Su implementación y seguimiento deben reforzarse a través de las directrices generales de estructura y del cuadro de mando integral.
  • Necesidad de implementación de sistemas de costes. No podemos poner precios a ciegas. Aunque el mercado “manda”, debemos saber qué ganamos o qué perdemos tras cada precio unitario, y tomar decisiones estratégicas a partir de esta realidad.
  • Otros aspectos estratégicos al servicio de la NOF: la programación maestra de la producción (ejemplo: producción bajo pedido vs. producción fija con arrastre de inventario).
  • Otros aspectos estratégicos al servicio de la NOF: la política de calidad. Importancia de los costes de la no – calidad.

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“Dentro de la vocación de Welth Secur como fieles compañeros de viaje en sus inquietudes empresariales y patrimoniales, estamos a su disposición para apoyarles en esta necesaria gestión del cambio.” 

 

 

Mariano del Valle, Appointed Head of M&A at Wealth Secur Lawyers

Captura de pantalla 2016-01-27 a la(s) 09.38.59Mariano del Valle Carrasquilla, Economist.

Degree in Economics by Universidad Autónoma de Madrid, 1983. M.B.A. Executive by Escuela Europea de Negocios. Master in Audit and Accounting at, Universidad Carlos III de Madrid / Registro de Economistas Auditores. Studies energy Economy by Centro de Investigación Económica de la Energía / Universidad Autónoma de Madrid. Member of Registro de Economistas Asesores Fiscales. Memeber of Registro de Economistas Expertos en Contabilidad e Información Financiera.

Career: His carreer has alwayys been developed within management, accounting, finance and tax areas. He has been founding partner and CEO at Uniarte, S.A. for 9 years. He has been professor in TAX at Centro Universitario de Toledo and in UNED. Author of book “Proyecto Empresarial” (1996, Editorial Santillana). In 1999, he was awarded by “Actualidad Económica” and “A.T. Kearney” as one of 50 best spanish companies managers. He practises as profesional partner at “Audeco Economistas, S.L.P.” and “VOR Finanzas, S.L.”. member of the board at “Acero Toledano, S.A.”. and member of the board Consejero de “Industrias Metálicas Integralia, S.L.”.

Expertise: Economist expert in management, Corporate Finance and corporate Tax. Specialist on M&A, holding, valuation and economic tax and financial due diligence.

mdv@wsecur.com (+34) 619 75 28 18

Compraventa de Motocicletas: Procedimientos extrajudiciales y judiciales en caso de defectos, averías y vicios ocultos.

yo¿Qué podemos hacer cuando tras adquirir un vehículo nuevo o de segunda mano comiencen a aparecer averías por vicios ocultos no mencionados por el vendedor?.

¿Podemos exigir la reparación al vendedor o devolver el vehículo recuperando nuestro dinero?.

por José Mª Alcañiz March, Abogado

Publicado en la Asociación de Propietarios de KTM de España

A continuación exponemos de un modo sencillo los elementos básicos que como usuarios debemos conocer con vistas a defender nuestros derechos a través de los procedimientos extrajudiciales y judiciales en el caso de un defecto, fallo o avería de la motocicleta que hemos adquirido, sea nueva o usada. Debemos en primer lugar determinar 4 elementos:

  • Precio del vehículo.
  • Si el vendedor es particular / establecimiento o compraventa profesional.
  • Tipo de avería.
  • Coste aproximado de la reparación.

En base a ello y para exigir la reparación de nuestra moto, construimos el siguiente cuadro básico de decisión en base a la condición del vendedor, para conocer la legislación básica aplicable.

Según el código Civil, el vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado menos precio por ella; pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos. Recordemos que según el Código civil, para que exista vicio oculto:

  • El vicio no puede estar a la vista. No es fácil en caso de defectos de pintura o desgaste de neumáticos.
  • El vicio debe tener una relevancia significativa de tal manera que, de conocerlo el comprador, no lo habría comprado o habría pagado menos.
  • El vicio debía existir con anterioridad a la compra.
  • El saneamiento por vicios ocultos NO es una garantía; es un mecanismo para exigir al vendedor responsabilidad por entregar el vehículo con un defecto preexistente. Es decir, se reclamará porque el Moto tenía la avería antes de comprarlo (aunque no la conociéramos), pero no se podrá reclamar por una avería nueva. Además habrá que probar que el vicio era anterior, normalmente con facturas o informes del taller o solicitando un informe pericial.
  • No importa que el vendedor no conociera la existencia de vicios. Será responsable de todas formas.
  • Hay un plazo de seis meses para reclamar desde que se entrega el vehículo.

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CONCLUSIONES:

  • Debemos poner el asunto en manos de un abogado especialista en la materia que nos guíe.
  • Nuestras alegaciones hay que probarlas y debemos recabar toda la información posible: facturas, informes, fotos, reclamaciones escritas, informes periciales, etc.
  • Debemos vigilar los plazos legales para que no prescriban nuestras acciones.

Puedes ponerte en contacto con la Asociación de Propietarios de KTM España para ampliar información sobre este tema, a través del foro www.clubktm.org. en el email: ktm1190advclaim@gmail.com, o en el teléfono +(34) 91 005 21 05.

 

Cinco puntos clave sobre reclamaciones por accidente de trafico en moto.

 

yoRecorrer miles de kilómetros en una moto es muy gratificante pero trae consigo un incremento del riesgo de que otro usuario de la carretera cometa un error, nos cause daños a nosotros y a nuestra moto. Si esto ocurre, aquí ponemos los 5 puntos clave que creemos has de conocer antes de comenzar a reclamar tus daños y los de tu moto.

Por José Mª Alcañiz March, Abogado

Publicado en la Newsletter de Enero de la Asociación De Propietarios de KTM de España

  1. Ten cuidado con tu aseguradora:

Las compañías de seguros solo tienen el deber frente a sus accionistas de generar beneficios. Se las saben todas sobre reclamaciones por accidentes y hacen lo que sea para pagar lo menos posible.

  1. No acudas a compañías “expertas” en reclamaciones.

Las compañías de reclamaciones que se anuncian en las redes ganan dinero vendiendo tu caso a un abogado y consiguiendo dinero de tu propio caso. Es un paso completamente innecesario.

  1. Si no ganas no pagues.

Toda vez probado que tú no eres el culpable del accidente, tu abogado debe de actuar para ti en base al principio de “tu no ganas, el no cobra”, lo cual significa que no debes de aceptar costes ocultos en sus servicios profesionales. De este modo trasladas al abogado el riesgo financiero.

  1. Elige tu propio Abogado.

Solamente un abogado podrá presentar tu reclamación judicial para que te indemnicen, y estás en tu derecho de exigir el que tu quieras. No tienes porque usar el abogado que tu aseguradora te asigne o insista en que elijas. Las aseguradoras tienen “arreglos financieros” con su propio pool de abogados.

  1. Si piensas que eres culpable………… piénsalo dos veces y no te rindas.

Los abogados expertos en accidentes de motocicletas también ganan casos en los que el conductor de esta piensa que ha cometido una falta o es el culpable del accidente. Consulta siempre con abogados expertos antes de rendirte.

¿Qué hago si tengo un accidente con la moto?

Llama a un abogado experto, que defienda tus intereses en orden a conseguirte la mayor y mejor indemnización que por ley te corresponda.

Puedes ponerte en contacto con la Asociación de Propietarios de KTM España para ampliar información sobre este tema, a través del foro www.clubktm.org. en el email: ktm1190advclaim@gmail.com, o en el teléfono +(34) 91 005 21 05.

Juan José García Ferrer appointed as Head of Public Sector at Wealth Secur Lawyers

 

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Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares. Máster en RR.HH. por el Instituto de Estudios Superiores de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

Carrera Profesional. En el sector privado ha sido Director de Negocio Internacional del Grupo Lábaro, en calidad de Director país México, y Director de asesoramiento jurídico y organización de Fortalia Investment Group. También, Secretario General-Jefe de Estudios del Centro de Estudios Superiores Luis Vives-CEU y Director de la Fundación Europea para la Igualdad.

En el sector gubernamental ha sido el Director responsable de las políticas de infancia de la Comunidad de Madrid y de las políticas sociales de mayores, discapacidad, tutela de adultos, dependencia y prestaciones sociales de contenido económico del Gobierno de Castilla La Mancha. Asimismo, entre 2003 y 2015 ha sido miembro de distintos Consejos y Comisiones nacionales y autonómicas vinculadas a la elaboración de las carteras públicas nacionales de servicios sociales y socio-sanitarios, la elaboración de planes y estrategias nacionales o autonómicas para distintos sectores sociales o la preparación de consejos inter-territoriales de ámbito nacional, ejerciendo de patrono o consejero de fundaciones públicas, empresas públicas, mancomunidades u organismos públicos autónomos.

En el sector académico ha sido autor de libros sobre derecho público, derechos de la personalidad, pensamiento político, filosofía jurídica y moral, así como ponente en cursos y seminarios vinculados con el fundamento de los derechos, los derechos, necesidades e intereses de los menores de edad, las personas mayores, con discapacidad o en situación legal de dependencia. Entre 1996 y 2003 ha sido Profesor del área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, impartiendo docencia de Teoría del Derecho, Retórica y Dialéctica para Juristas, Filosofía del Derecho, Sociología Jurídica, Historia del pensamiento político y Protección Jurisdiccional de los derechos humanos. También ha sido Profesor de Derecho Civil e Introducción al Derecho de la Fundación San Pablo CEU.

Especialización: Abogado, gran conocedor del sector público, tanto en su dimensión legislativa como gubernamental, es experto en contratación pública y derechos sociales, así como en el diseño, gestión, evaluación y dirección de políticas sociales y asistenciales, con amplio conocimiento en derecho administrativo, derecho laboral, derechos de la personalidad, fundamentos del derecho e interpretación de las normas jurídicas.

jjg@wsecur.com (+34) 608 246 251

 

 

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